El retraso del pago del Plan de Calidad, un nuevo «recorte» a los profesores

CSIF denuncia que la Consejería de Educación ha tomado la decisión «unilateralmente», que afecta a casi5.000 docentes que esperaban cobrar las cantidades restantes del programa el pasado mes de marzo

«No se pueden cambiar las reglas del juego en mitad del partido». De esta manera tan gráfica critica Francisco Hidalgo, presidente del sector de enseñanza de CSIF-Andalucía, la decisión de la Junta de fraccionar y aplazar el pago del incentivo final del denominado Programa de Calidad y Mejora de los Rendimientos Escolares (Plan de Calidad), que los casi 5.000 docentes acogidos a la iniciativa esperaban cobrar el pasado mes de marzo. La medida ha causado indignación entre el profesorado de los colegios e institutos públicos –casi un 60 por ciento de la plantilla– y la enmarcan en la «política de retrasos y recortes que viene desarrollando la Consejería de Educación», según Hidalgo, aunque puntualiza que «en este caso no afecta a las cantidades, sino a los plazos».

El Plan de Calidad arrancó en 2008 e incluía incentivos al profesorado por la consecución de unos determinados objetivos, entre los que se encontraban los resultados académicos. Contemplaba cantidades de hasta 7.000 euros de máximo en cuatro años, aunque la Junta decidió a finales de 2012 suprimir dichos incentivos por el contexto de crisis económica. Eso sí, se comprometió a seguir sufragando los derechos del plan a los profesores adheridos hasta su finalización. Las cantidades, por tanto, oscilaban entre los 600 euros del primer curso y los 3.400 del cuarto y último curso al que da derecho el programa. Precisamente, éste es el tramo cuyo pago ha prorrogado la Junta.

No obstante, el plan contó con una fuerte contestación por parte de los docentes, ya que responsabilizaba al profesorado del fracaso escolar relacionando mejora de rendimientos con complemento retributivo. En 2010 fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por no ajustarse a la Ley de Educación de Andalucía, después de que los sindicatos presentaran varios recursos y libraran una dura batalla en contra en los claustros. La decisión del TSJA fue ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo.

Ahora, la Junta anuncia que el cobro del último tramo se hará en tres pagos iguales durante los tres cursos siguientes al último de aplicación del programa, ya que lo que se debe abonar «excede la disponibilidad presupuestaria establecida para el ejercicio 2016». Una decisión que, según la Consejería de Educación, se toma «en aplicación del principio de eficiencia y economía en la gestión del gasto público, y en cumplimiento de la legislación estatal básica y autonómica sobre objetivos de déficit presupuestario y sobre gastos de personal». En este sentido, Hidalgo denuncia que se trata de un cambio decidido «de forma unilateral» por la Administración educativa «sin contar con la opinión de los representantes sindicales» y recuerda que «la Junta se comprometió a pagar las cantidades que restan». En su mayoría, se trata de docentes de un total de 287 colegios de Infantil y Primaria e institutos de secundaria, los últimos que se acogieron al plan, concretamente el 21 de diciembre de 2012. Por tanto, según Hidalgo, el programa «está prácticamente muerto» y, sobre la agria polémica que suscitó, subraya que «ya no existe debate, aunque en su momento muchos profesores se manifestaron en contra y se generó una amplio movimiento de rechazo».

Según los datos aportados por la Junta a los sindicatos, quedan por pagar 35 millones de euros para cada uno de los años 2015, 2016 y 2017. En total, son más de 105 millones de euros. Ustea ya ha reclamado que las cantidades que restan se destinen al Capítulo I para la contratación de personal, una reivindicación que ha venido exponiendo reiteradamente y que así se llevó a efecto cuando se extinguió el plan en el año 2012.

2,2 millones del Gobierno para la FP

El secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Marcial Marín, comunicó ayer a las comunidades autónomas el reparto de 12,7 millones para programas de Formación Profesional y FP Dual, de los que 2,2 millones irán destinados a Andalucía. En concreto, 11,5 millones de euros irán a acciones de calidad en Formación Profesional del sistema educativo español y 1,2 al impulso y desarrollo de la Formación Profesional dual.