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El SAS se personará como acusación particular por el accidente del Valme

La consejera defiende que «no es un problema de ahorro o de personal» y la «actuación ejemplar» de la dirección del centro

M. González Q.  Sevilla.

Tiempo de lectura 4 min.

13 de septiembre de 2017. 21:06h

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El informe de la Junta, y más aún las pesquisas policiales sobre las que pesa el secreto de sumario decretado por el juzgado de Instrucción 1 de Sevilla, aún no es público pero sus líneas generales, sobre todo del primero, se pueden esbozar a partir de la actuación de la Administración andaluza y del propio Servicio Andaluz de Salud (SAS). La madrugada posterior al accidente en el hospital de Valme en el que la joven Rocío Cortés perdió la vida a causa de un traumatismo craneal severo causado cuando el ascensor 3 se puso en marcha con las puertas abiertas, la dirección del centro, como corroboró este diario in situ, se reunió con la empresa de mantenimiento Orona en busca de una explicación. Previamente, había solicitado a una segunda empresa la revisión de todos los elevadores. Ayer, la consejera de Salud, Marina Álvarez, anunció en el Parlamento que el SAS «se personará como acusación particular» en la causa.

«No voy a entrar en detalles que puedan herir sensibilidad o inmiscuirse en investigación o el proceso judicial abierto», señaló la consejera, que detalló que el ascensor continúa «clausurado por la investigación judicial abierta» y subrayó que pasó «todos los controles y revisiones». Tanto la revisión «periódica reglamentaria, que es cada dos años, y fue el 15 de mayo» y «la última preventiva, que fue el 12 de agosto» –8 días antes del accidente– tuvieron la certificación de «favorable y sin defectos». «Todas las revisiones son recientes y en regla, sin incidencias», insistió. La consejera recordó que «la normativa nacional establece los requisitos para salvaguardar la seguridad» y «obliga al contrato de mantenimiento con empresas conservadoras acreditadas». En hospitales, la inspección obligatoria es «cada dos años» y «la dirección ha controlado que las revisiones se hagan en tiempo y forma». Álvarez señaló que existe «un protocolo ante denuncias» y no existió «ninguna desde su última revisión». «La responsabilidad del SAS es controlar que las revisiones estén al día. Todos los ascensores de centros sanitarios han pasado la inspección oficial correspondiente en los plazos establecidos», defendió. Sobre las incidencias previas registradas, destacó que «la notificación está protocolizada, asegurando siempre que son conocidas por la empresa mantenedora y se llevan a cabo las reparaciones que requieren. La empresa tiene la obligación de comunicar cualquier avería», señaló, amparándose en «la normativa estatal» y quitando «responsabilidad a la dirección del hospital», cuya actuación calificó como «ejemplar». «No es problema de ahorro o recorte de personal», dijo. Sobre los hasta 7 escritos del sindicato USO alertando de los elevadores, indicó que fueron atendidos «según el protocolo», que eran fallos menores y que en 2016 se destinaron 60.000 euros a la mejora de los ascensores.

La diputada de IU Inmaculada Nieto señaló que el siniestro es «consecuencia de una serie de decisiones políticas desacertadas marcadas por el criterio de ahorro, economicista, que tiene su traducción en el perjuicio de la asistencia sanitaria y el mantenimiento de las instalaciones». «El personal en Sevilla ha descendido entre un 30 y un 50%, según la Asociación de Personal de Mantenimiento en el SAS» y «en toda Andalucía ha caído un 21% el personal de oficio en las instalaciones sanitarias». IU señaló que «la adjudicación se produjo en septiembre de 2013 a Orona» por «354.000 euros». «La licitación estaba fijada en más de 600.000 euros. Baja temeraria se le llama de toda la vida. Menos de la mitad del dinero calculado para unas condiciones adecuadas, que luego trae consecuencias trágicas», denunció. «Algo que no plantea defecto no se comporta mecánicamente como ese ascensor», argumentó para pedir «la revisión de los protocolos». Podemos, tras criticar la «externalización de servicios», pidió la comparecencia en comisión de «los responsables directos» del centro hospitalario.

El padre de la víctima abandona el pleno

El padre de Rocío Cortés abandonó el pleno indignado durante el turno del diputado del PSOE, en el que criticó el uso «del dolor» de la familia «por parte del PP» para «atacar la sanidad». Ciudadanos, que consideró que «los accidentes ocurren», pidió amparo para la familia de la víctima y «compensar de alguna forma, ayudarles a llevar una vida lo más normal posible». El PP, que criticó los recortes e incluso «el trato personal» de la Junta con los afectados, entiende que hay «una responsabilidad directisíma con las hijas y familiares de la víctima en los gastos para defender su legítimo derecho».

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