El SAS ultima tres contratos de externalización de servicios por más de 50 millones

La sanidad pública andaluza recurre de manera habitual a servicios externos. La «joya de la corona» –como la definió recientemente la presidenta Susana Díaz– carece de recursos en muchas zonas y cubre su cartera de servicios a través de conciertos con empresas sanitarias privadas. No se trata en sí misma de una privatización sino de una «gestión de servicio público por concierto», tal y como se define en el objeto del contrato que sale a licitación pública. El Servicio Andaluz de Salud ultima tres macrocontratos para las provincias de Málaga, Huelva y Cádiz por un presupuesto base que supera los 50 millones de euros. El periodo para la obtención de información concluye en los tres casos el próximo martes 25 de agosto, según la información pública consultada por este periódico.

El más suculento de los tres es el destinado a atender «la asistencia complementaria a usuarios del SAS en centros hospitalarios homologados de la provincia de Málaga» y asciende a casi 24 millones de euros. El montante se divide en tres lotes: estancias médicas de enfermos pluripatológicos y paliativos, que supera los 7 millones; intervenciones quirúrgicas con hospitalización, intervenciones de cirugía mayor y menor ambulatoria, al que se destinan 15 millones; y un tercero de 1,6 millones para atender procedimientos diagnósticos.

En el caso de la provincia de Huelva, el contrato asciende a 12,1 millones de euros y está divido en los mismos tres lotes. A cada uno de ellos se les destina 4,2, 6,6 y 1,2 millones respectivamente.

Para a usuarios del SAS en centros sanitarios de la provincia de Cádiz, ubicados en la Zona Campo de Gibraltar y en la Zona Bahía-La Janda, el contrato asciende a 15,6 millones de euros. De nuevo se repiten los tres mismos lotes que en los dos casos anteriores.

Esta proliferación de conciertos sanitarios ha generado que nuevas empresas privadas pugnen por entrar en ese negocio. Tal y como informó recientemente este periódico, Cruz Roja y la Orden de San Juan de Dios denunciaron irregularidades del SAS en la resolución de un contrato millonario –supera los 51 millones repartidos en cuatro años– del que salió beneficiada principalmente la clínica privada Santa Isabel. Los denunciantes consideraban que el pliego estaba «hecho a medida» de la ganadora. Los servicios que se externalizaban eran los mismos que ahora se licitan para las provincias de Málaga, Cádiz y Huelva. Todos los centros que opten a estos contratos deben estar homologados según el Decreto 165/1995, de 4 de julio que regula este tipo de convenios.