El sindicato de funcionarios pide que «no se les use» para confrontar por las 35 horas

CSIF-A y CC OO exigen al Gobierno central que no recurra al Constitucional la poda horaria

Con «satisfacción», pero con «algo de recelo». Así han recibido por lo general los sindicatos la reducción de 30 minutos al día, 2,5 horas semanales, de su jornada laboral en la comunidad. La causa de la «cierta incertidumbre» que soportan los empleados de la Junta es que son conscientes de que el Tribunal Constitucional (TC), que ya echó por tierra la rebaja que intentaron antes otras dos comunidades o el Ayuntamiento de Madrid, puede desarmar la jugada del Ejecutivo andaluz, ya que esa modificación «es una competencia estatal». Es más, han recordado que fue el Gobierno central el que obligó a pasar de 35 a las 37,5 horas hace un lustro por «poderosas» razones de estabilidad presupuestaria.

Desde el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) dicen estar «encantados» con la «devolución» de un derecho que permitirá a «algunos trabajadores» de la Administración autonómica –las competencias transferidas en torno a los funcionario de justicia no incluyen el régimen laboral, los de educación no se sumarán hasta septiembre y los de sanidad «progresivamente»– les ayudará a «conciliar vida laboral y familiar». Pero también piden que «no se utilice a los funcionarios para la confrontación Junta/Estado», para las «cuestiones políticas del ‘tú me das, yo te quito’». En ese punto, fuentes de esta organización sindical advierten de que supondrá un «trastorno» para los profesionales que pidan acogerse a esa poda horaria y se organicen, «si luego hay que dar marcha atrás». «Lo que pase en el futuro con una medida que han tomado de forma unilateral será responsabilidad de la Junta», avisan, para insistir en que «no se puede usar a los funcionarios como moneda de cambio por intereses partidistas» y dejar claro que quieren que «se hagan las cosas medianamente bien» en lo que les afecta.

Cuestionan además otro aspecto de esta recuperación de derechos laborales, impulsada el pasado noviembre por decreto ley por parte del Ejecutivo regional. La consejera de Hacienda y Administración Pública, la socialista María Jesús Montero, cifró ayer entre 7.000 y 10.000 los empleos que surgirán al calor de la misma, sin embargo, las fuentes del SAF consultadas por LA RAZÓN, se muestran convencidas de que ésta «no tendrá ningún impacto, al menos en el ámbito de la Administración General de la Junta, salvo casos excepcionales». Lo estiman así, dado que «la creación de empleo se regula por la Ley de Presupuesto», deslizan.

En CSIF-A, en cambio, van más allá que el propio Ejecutivo andaluz, al entender que «se deben crear en torno a 15.000» puestos de trabajo. Fuentes de esta otra organización sindical abogan por el diálogo entre ambas administraciones para que no se recurra al Constitucional en esta ocasión y se abra hoy en el seno de la Conferencia de Presidentes la puerta a la «vuelta a las 35 horas en todo el Estado». Es más, lanzan un aviso a navegantes: «Si hay retroceso, nos veremos en la calle». Con todo, auguran que el Gobierno de Mariano Rajoy encontrará la fórmula para dar vía libre al regreso a una jornada laboral que se instauró a finales de la década de los noventa.

CC OO, por su parte, también ha realizado un llamamiento estos días al Ejecutivo de la nación en el mismo sentido. Reclama que se cambie la legislación en vigor para que no se impugne la ley, ya que el «sentido» de las administraciones públicas pasa por que éstas puedan ofrecer a los ciudadanos servicios útiles y de calidad, a lo que contribuyen, según este sindicato, las 35 horas semanales. La Junta ya se ha salido de sus vías, ahora habrá que ver qué ocurre.

Una «artimaña» y un «farol» de Díaz, para la oposición

Tampoco faltaron las reacciones en el ámbito político. Para el PP-A, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha buscado «dinamitar» un posible acuerdo con el Gobierno central sobre la restitución de la jornada laboral de 35 horas con la «artimaña» de empezar a aplicarlo unos días antes de la reunión que estaba convocada. La encargada de expresarlo fue su secretaria general, Dolores López. Podemos Andalucía, por su parte, teme que la medida se quede en «un farol» de Díaz, «al tratarse de un decreto con desarrollo incompleto e insuficiente». En concreto el secretario de Comunicación de la formación, Pablo Pérez, instó a la presidenta a trasladar este asunto a la Conferencia de Presidentes de hoy y «pelear» un compromiso del presidente del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, para que no lo recurra ante el Tribunal Constitucional.