El TSJA anula la resolución que permitió reabrir Cobre las Cruces

A la Junta le crece el conflicto minero. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado, por «ser contraria al ordenamiento jurídico», la Resolución de la extinta Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de 7 de abril de 2009 por la que se levantó la suspensión de las labores de profundización de la corta minera de Cobre las Cruces (CLC) en los términos municipales de Gerena, Guillena y Salteras y, por extensión, de «todas aquellas actuaciones de desarrollo y ejecución» de la misma.

El TSJA ha estimado el recurso interpuesto por Ecologistas en Acción –al que se opusieron la Junta y Cobres las Cruces–, y llega a aseverar en su fallo, al que accedió LA RAZÓN, que en el momento de dictarse la resolución objeto de litigio, la Administración «carecía de cobertura» para hacerlo, al no estar autorizado «el sistema de drenaje-reinyección (SDR) por parte del organismo de cuenca –la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG)–». La compleja historia se remonta a mayo de 2008 cuando la Confederación, ante reiteradas denuncias de Ecologistas, comprobó que durante la construcción inicial de la corta minera, Cobre las Cruces «construyó balsas ilegales para almacenar agua contaminada», recuerdan los activistas. ¿Qué implicaba eso? El mencionado por el TSJA sistema de drenaje reinyección, que tiene que garantizar la protección del acuífero de Gerena, en calidad y en cantidad, al ser una reserva estratégica para el consumo humano en épocas de sequía, no funcionaba. De hecho, Ecologistas afirma que «no lo ha hecho nunca correctamente».

En ese escenario, el comisario de Aguas de la Confederación, Javier Serrano, decretó la suspensión de la autorización del SDR y dos días después Innovación ordenó el parón provisional de las labores de profundización de la corta minera. Un alto ratificado el 3 de junio de 2008 por el ex viceconsejero de Innovación Jesús M. Rodríguez. Entonces se fijó como condición indispensable para levantarlo que se garantizara la preservación del acuífero. Ya en septiembre de 2008, en la vía judicial paralela, el juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla inició diligencias previas, paralizó la mina e impuso a Cobre las Cruces la obligación de depurar las aguas contaminadas. Seis años después, el proceso concluyó con la apertura de juicio oral en mayo de 2014 contra tres directivos de la empresa por delitos ambientales, si bien, la Audiencia sevillana aún no ha determinado su fecha.

Antes, el 7 de abril de 2009 Innovación consintió el reinició de las labores mineras, sin que se hubiera puesto punto final al conflicto con el sistema de drenaje. Es más, la suspensión del SDR nunca se alzó de forma expresa, sino que en julio de 2009 la antigua Agencia Andaluza del Agua dio luz verde a una modificación de su autorización «a la medida de CLC», según la organización «verde». Y en noviembre de 2014, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Sevilla anuló el permiso por otro recurso de Ecologistas, que exige «la ejecución forzosa» del fallo. A aquél se suma ahora el pronunciamiento del TSJA, según el cual, «todas las actuaciones realizadas en la corta minera desde abril de 2009 hasta la actualidad han sido ilegales» para los activistas. El que era su coordinador en Sevilla cuando se iniciaron las acciones judiciales, Isidoro I. Albarreal lo tiene claro: «En 2009 se reabrió la mina por una decisión política, justo antes de que el ex presidente Manuel Chaves se fuera a Madrid, y no se atendió a criterios técnicos». Con el aval del Alto Tribunal, demanda a la Junta que «ordene» a la empresa minera que «suspenda todas las labores» en cumplimiento del fallo y «hasta que no se asegure la protección del acuífero –en el nuevo Ejecutivo de Susana Díaz, las competencias en la materia las tiene el departamento de Empleo, Empresa y Comercio, que comanda José Sánchez Maldonado–». Con base en ese fallo del TSJA ultiman esta semana, asimismo, una denuncia por prevaricación contra los responsables de la resolución anulada, entre ellos el ex consejero de Innovación Francisco Vallejo, y el ex viceconsejero Jesús M. Rodríguez.

Cobre Las Cruces, por su parte, sostuvo que opera «conforme a todas las autorizaciones necesarias», por lo que estudia recurrir, como los servicios jurídicos de la Junta. Desde Innovación defendieron que «en ningún caso» la sentencia del Alto Tribunal «interifiere o cuestiona la actividad de la mina» ni la inversión de CLC.