Espadas regula por decreto las cláusulas sociales de los contratos del Consistorio

Primar el empleo, fomentar la integración y la igualdad e incentivar la sostenibilidad. Estos serán los objetivos principales en las contrataciones del Ayuntamiento de Sevilla. El alcalde, Juan Espadas, dice adiós a los «macrocontratos» para apostar por licitaciones de menor tamaño que permitan una mayor participación de la economía social, las pymes y los autónomos. Son las líneas maestras de un decreto de Alcaldía sobre contratación pública del Consistorio y sus empresas públicas que verá la luz en marzo y que pretende convertirse en modelo para la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) por la introducción de las más avanzadas cláusulas sociales del país, superando incluso la experiencia pionera de Barcelona.

Esta iniciativa no es nueva. El anterior alcalde hispalense, Juan Ignacio Zoido, abogó en numerosas ocasiones por la inclusión de estas cláusulas que al final quedaban en compromisos incumplidos por parte de las empresas licitadoras. Ahora, Espadas pretende dotar al Ayuntamiento de mecanismos, con base jurídica, para poder penalizar a las empresas o incluso rescindir los contratos en casos de incumplimiento. «No es un salto al vacío», insisten. Así, los pliegos ofrecerán mayores puntuaciones a aquellas empresas que ofrezcan mayor calidad en el empleo o mayor respeto medioambiental. Y el Consistorio creará un observatorio que vigile el cumplimiento de los contratos.

«Se trata de reorientar la contratación pública para resolver determinados problemas del mercado laboral que desde el propio punto de vista de las leyes del mercado no se resuelven, como contratar a parados de larga duración», explicó ayer Espadas, que quiere transmitir el mensaje de que «contratar con la Administración será más fácil si se tiene una gestión de mayor calidad».

Este anteproyecto de decreto fue presentado ayer en Junta de Portavoces a la oposición. Hasta el próximo 23 de febrero los partidos, empresas y sindicatos podrán analizar y realizar propuestas. El resultado volverá a debatirse y la intención es que a mediados de marzo se pueda emitir la resolución. El coste económico no será, por tanto, el principal elemento de baremación. Se puntuará la contratación de personas en exclusión, parados de larga duración, contar con planes de igualdad, la conciliación familiar, el nivel de estabilidad de las plantillas... Impulsar el tejido productivo implicará reducir, cuando las características del contrato lo permitan, las exigencias técnicas económicas. «El desarrollo más importante de las cláusulas sociales del país», en definitiva.