Fianzas de 1,9 y 2 millones a Guerrero y a su ex chófer por las ayudas de la «coca»

La jueza Núñez abre juicio oral contra ellos, un ex socio de Trujillo y un ex directivo de Vitalia

Hay decisiones judiciales predecibles por la instrucción que las cobija. Es el caso de la que ha tomado la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez, al acordar en el ámbito del «macroproceso» de los ERE irregulares la apertura de juicio oral contra el ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero y su ex chófer Juan Francisco Trujillo, por las ayudas de más de 1,4 millones de euros que el primero concedió al segundo y parte de las cuales se usó para comprar cocaína, regalos, antigüedades o fincas. En un auto, fechado ayer y al que tuvo acceso LA RAZÓN, la magistrada fija para ellos además fianzas de 1,9 y 2,1 millones de euros.

Junto a esos dos encausados, Núñez ha señalado al ex directivo de la aseguradora Vitalia Antonio Albarracín, para el que ha fijado una fianza de 158.000 euros, y a Isidoro Ruz Espigares, el hombre que presuntamente actúo como «tapadera» de las subvenciones que el Gobierno autonómico otorgó a las empresas del ex chófer, de una de las cuales era socio. En su caso, el depósito reclamado asciende a 585.000 euros.

Por su parte, la esposa del ex conductor de Guerrero, Juana Gallego, deberá hacer frente a una fianza de 77.000 euros como beneficiaria «a título lucrativo» de las ayudas públicas que recibió su marido del Ejecutivo regional.

A Guerrero y a Trujillo se les acusa de delitos de falsedad en documento oficial, prevaricación, malversación, tráfico de influencias y asociación ilícita. Para ellos, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido 14 años de cárcel, 30 de inhabilitación y el pago de una indemnización de 1.475.028,01 euros. En cuanto a Ruiz Espigares y a Albarracín, el Ministerio Público ha solicitado penas de seis años y tres meses de cárcel y de seis años de prisión, respectivamente, por la comisión de los supuestos delitos de prevaricación, malversación y asociación ilícita. Todos los encausados serán juzgados por magistrados de la Audiencia Provincial de Sevilla, como precisaron ayer desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

De acuerdo al relato que hizo el Ministerio Público en su escrito de acusación, Guerrero y Trujillo «idearon inicialmente la constitución» de las sociedades mercantiles Lógica Estratégica Empresarial e Iniciativas Turísticas Sierra Morena con un fin: que «recibieran cantidades para financiar falsos proyectos de inversión». De hecho, se le asignaron ayudas, sin ni siquiera demandarlas y sin que conste «expediente administrativo alguno» gracias a convenios de colaboración suscritos con el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) –que luego se convirtió en la actual agencia IDEA–, que actuó de caja pagadora. Más tarde, ambos de nuevo «de común acuerdo y con ánimo de ilícito enriquecimiento» habrían pactado, según Anticorrupción, que Ruz Espigares presentara como promotor ante la Dirección de Trabajo que capitaneaba Guerrero un proyecto «sin fecha» para montar una granja avícola, en el que «como financiación de la inversión se disponía de una subvención de 450.000 euros», cantidad que finalmente fue a parar a la mercantil Ave Nueva SL, en virtud de otro acuerdo con el IFA, como antes a las otras dos empresas mencionadas.

Para la Fiscalía, el destino que los encausados dieron a los fondos de la Junta supuso «no sólo una merma importante en la disponibilidad presupuestaria para atender la finalidad» que tenía el programa 31L –el llamado «fondo de reptiles–, que eran para repartir ayudas sociolaborales y para empresas en situación de crisis, sino también un «grave perjuicio a la actividad a desarrollar» por la Administración autonómica ante «las ciertas, concretas y singulares situaciones de crisis socioeconómica de la comunidad», privando a entidades en situación real de reestructuración, de «concurrir y acceder» a cantidades como los 450.000 euros que fueron a parar al entramado creado en torno al ex chófer del ex director general.

Antes de llegar a este punto, Núñez puso fin a la instrucción de esta pieza de los ERE el pasado marzo con otro auto en el que procesó a sus protagonistas y en el que aseveró que podía afirmarse indiciariamente que Guerrero dio cuatro ayudas «de forma arbitraria y con ánimo de lucrarse», tanto él mismo como Trujillo.