Funcionarios se rebelan por las 35 horas: «La Junta nos utiliza contra el Gobierno»

Los principales sindicatos que comparecieron ayer en la Comisión de Hacienda para valorar el Proyecto de Ley de Presupuestos de 2017 pusieron en cuarentena la voluntad real de la Junta para llevar a cabo la reducción de la jornada laboral a 35 horas.

Los principales sindicatos que comparecieron ayer en la Comisión de Hacienda para valorar el Proyecto de Ley de Presupuestos de 2017 pusieron en cuarentena la voluntad real de la Junta para llevar a cabo la reducción de la jornada laboral a 35 horas. UGT-A, CC OO-A, CSIF-A y de manera especial el Sindicato de Funcionarios (SAF) recelaron de esta medida, que está a expensas de que el Gobierno pueda interponer un recurso de inconstitucionalidad, como ya hizo en el caso de Castilla-La Mancha y que se resolvió a finales de septiembre en contra de lo que reclamaba esta comunidad. El presidente del Sindicato de Funcionarios, el mayoritario en la administración general de la Junta, Carlos Sánchez, fue muy claro al respecto: «Se trata de un brindis al sol. La Junta no tiene escrúpulos en utilizar a los funcionarios en la confrontación contra el Gobierno, y esto cuenta con nuestro rechazo».

Hay que recordar que el Parlamento convalidó el jueves, con el voto a favor de PSOE, IU y Podemos y la abstención de PP y Ciudadanos, el decreto por el que regula la jornada en 35 horas semanales. No obstante, el Consejo Consultivo, en su dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de Presupuestos, señala, como informó ayer este periódico, que existe una «contradicción» entre ese decreto y la Ley de Reequilibrio Económico-Financiero que aprobó la Junta en 2012, que en su artículo 25 regula la jornada en 37 horas y media para dar cumplimiento al imperativo del Gobierno recogido en la ley de presupuestos estatales de ese año.

El presidente del SAF argumentó que «no hay nadie que no se alegre de que se puedan recuperar derechos, pero tampoco se nos puede engañar. Somos funcionarios, no somos tontos. Que se nos diga que se van a recuperar las 35 horas después de lo que ha ocurrido en otras comunidades no cuela. La sentencia –del Constitucional– sobre Castilla-La Mancha más clara no puede ser. Lógicamente, la Abogacía del Estado tendrá que recurrir igual que ya lo ha hecho. Así que la Junta no debe utilizar a los funcionarios como parapeto».

El máximo dirigente del Sindicato Andaluz de Funcionarios también fue muy crítico con el peso que está adquiriendo la denominada «administración paralela» de empresas, fundaciones, agencias y consorcios. «La Junta practica de manera generalizada una huida del derecho administrativo al trasladar a entidades de derecho privado servicios que prestaba la Administración pública. Aunque a la Junta se le llene la boca hablando de lo público, significa lo contrario, una privatización de servicios». Las subvenciones y transferencias de la Junta para entes instrumentales se elevan a 3.311 millones de euros en 2017. Esta partida ha subido en 389 millones desde que Susana Díaz accedió a la Presidencia andaluza en 2013.

El presidente de CSIF-A, José Luis Heredia, confió en que el Gobierno no recurra el decreto de las 35 horas, pero al mismo tiempo señaló que no ha «visto la consignación presupuestaria» para que esta medida se pueda llevar a cabo. En la misma línea, el secretario adjunto de CC OO-A, Rafael Aljama, adujo que «prometer la jornada de 35 horas con este capítulo 1–el relativo a personal– es imposible, salvo que vaya en detrimento de la calidad de los servicios». Por su parte, la secretaria de Institucional de UGT-A, Sonia Gaya, argumentó que le «preocupa» cómo se va a articular la reducción de las 35 horas. «Debe haber un aumento de personal. Estaremos muy atentos para que esta medida no suponga un perjuicio para los trabajadores». CSIF se reivindicó como el primer sindicato en la función pública y el tercero en empresas, para pedir a la Junta una «concertación social renovada, que deje atrás las fotografías en blanco y negro», en referencia a los acuerdos cuatripartitos suscritos entre el Ejecutivo y CC OO-A, UGT-A y la patronal CEA.