Andalucía

Gobierno y Junta negociarán la aplicación de las 35 horas

Montero acoge con «esperanza» la convocatoria de la comisión bilateral, «sin que haya trampas»

La consejera de Hacienda, María Jesús Montero
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Montero acoge con «esperanza» la convocatoria de la comisión bilateral, «sin que haya trampas»

El Gobierno central ha abierto la vía del diálogo con la Junta para resolver la aplicación de las 35 horas semanales de los funcionarios de la Administración autonómica, una medida que recibió el pasado mes de noviembre el visto bueno del Parlamento andaluz. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ya se ha dirigido al Gobierno andaluz, convocándolo a la comisión bilatiral de cooperación entre las dos administraciones, con el objetivo de llegar a un acuerdo que impida el recurso al Tribunal Constitucional. La aprobación del decreto, que comenzará a aplicarse el próximo 16 de enero, se produjo a pesar de que en mayo el Tribunal Constitucional anuló la misma medida en Castilla-La Mancha. Hay otras comunidades autónomas, como Extremadura, que quieren instaurar dicha jornada laboral, tal y como anunció el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara.

En el escrito, el Gobierno recuerda que la medida autonómica «vulnera las competencias del Estado en materia de legislación laboral y de regulación básica de los derechos y deberes del personal del sector público». El Alto Tribunal ya aseguró que es el Estado «quien debe establecer la jornada mínima», ahora en 37 horas y media semanales de trabajo. Dada la «identidad» de la norma, el Gobierno apela al diálogo y al trabajo conjunto para solucionar esta «discrepancia competencial». En otro escrito, sostiene que la ley por la que fija las 37 horas y media de cupo laboral semanal «no ha sido derogada y su constitucionalidad ha sido avalada por el Tribunal Constitucional».

Por su parte, la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, acogió con «esperanza» la decisión del Ejecutivo central y confió en llegar a un acuerdo, «sin trampas». A su juicio, «es un buen síntoma» que se ponga en marcha este mecanismo de diálogo entre ambas administraciones y subrayó que el Gobierno podría haber recurrido directamente al Constitucional, «si hubiera entendido que no hay posibilidad de acuerdo ni diálogo». También añadió que «sería un buen gesto» que se aplicaran las 35 horas semanales a todo el país y la medida se incorporara en los Presupuestos.