Griñán ve «descabellado» hablar de «trama criminal»

El ex presidente y ex consejero de Hacienda de la Junta José Antonio Griñán ha recurrido ante la Audiencia de Sevilla el auto en el que el juez Álvaro Martín le procesó por delitos de prevaricación y malversación, dentro de la pieza separada del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas en el «caso de los ERE» y niega la existencia de «una trama criminal construida por la Administración» y «encaminada a la defraudación de bienes públicos».

El abogado de Griñán, José María Mohedano, sostiene que el sistema de ayudas «pudo ser discutible aunque impuesto por una realidad social apremiante y sería negar la realidad que también cumplió sus objetivos en relación con centenares de casos», pero, según subraya, «no era una trama criminal». «Resulta descabellado», añade. Y pide el archivo de la causa al entender que las imputaciones «se basan en indicios inexistentes o equívocos sin solidez fáctica ni jurídica o en convicciones íntimas» y porque las infracciones atribuidas «no se pudieron producir ni por el desarrollo de los hechos ni por razones técnicos-jurídicas», a lo que se suma que «los presupuestos en los que se pretende fundar la responsabilidad indiciaria» del ex presidente «carecen de la mínima solidez».

Según Mohedano, la jueza Alaya «extendió la participación en el pretendido ‘contubernio’ delictivo desde la presidencia hasta los diputados», partiéndose «de que hay un concierto de voluntades para construir una trama criminal», todo ello «sin aportar la más elemental prueba». Ésta «se sustituye por la simple afirmación del instructor, que anticipa unos hechos sin base indiciaria y probatoria», subraya el abogado.

A su juicio, «nadie puede ser acusado por contaminación de lo que otros hayan podido hacer». El abogado pone de manifiesto que, cuando Griñán se incorporó a la Junta como consejero de Hacienda en 2004, el sistema de transferencias de financiación «ya estaba sancionado por tres leyes de Presupuestos, ya se habían aprobado dos Cuentas Generales que incluían el mismo sin observaciones de la Cámara de Cuentas, y llevaba cuatro años vigente el convenio marco entre Empleo y el IFA». Por ello, «no es posible considerar que Griñán estuviera en la implantación ni el mantenimiento del sistema». Además, el letrado recuerda que el Supremo ya acordó no incluir el delito de malversación, al no haber indicios». Sostiene también que la utilización de las transferencias de financiación «ni las aprobó Griñán ni el Consejo de Gobierno porque no era de su competencia».

El ex consejero de Empleo José Antonio Viera también recurre su procesamiento para evitar ser sometido «innecesariamente» a «pena de banquillo», negando que «actuara con ánimo de lucro ni que se haya enriquecido por esta actuación»