Hacienda «ya ha solicitado el reintegro» de los sobresueldos en las agencias

Defiende que sólo afecta a «cargos medios» aunque el informe alude a 26 contratos de alta dirección y 28 directivos

La primera comparecencia del curso político de la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, lejos de adentrarse en la transparencia, se amparó en un argumentario similar al que su departamento ya despachó a LA RAZÓN cuando publicó a finales de julio la existencia de «directivos sin contrato y cobrando más de lo legal de la Junta». La diputada popular Teresa Ruiz-Sillero cuestionó ayer sobre ello en la comisión de Hacienda, cuya titular, tras ampararse en la ley de protección de datos, señaló que «ya se ha solicitado el correspondiente reintegro» de las cantidades cobradas indebidamente y que el informe en cuestión se refiere a «cargos medios» y no afecta a «ninguno» de los altos cargos.

Montero se quejó de la utilización política de «un informe de la inspección general de servicios (IGS)», que depende de su consejería y señaló que «se trata de un documento de control interno», solicitando que no se use «como arma arrojadiza contra un Gobierno porque entonces beneficia al que no hace este ejercicio de control», indicó, citando como ejemplo la supresión de la Cámara de Cuentas durante el mandato de Cospedal en Castilla-La Mancha. Según Montero, el informe buscaba «comprobar que se cumple la normativa de personal». «En general, no se detectaron incidencias», apuntó Montero, que admitió «algunas discrepancias en mandos medios». La consejera defendió que se ha «cumplido con las mejoras que se requerían y se ha solicitado el correspondiente reintegro».

Ante la insistencia de Ruiz-Sillero en conocer «los cargos» y «no los nombres y apellidos», Montero respondió: «No me va a encontrar en el fango». La consejera volvió a aludir a la «ley de protección», que «no permite dar nombres ni datos que permitan identificar» a los trabajadores. Con todo, Montero aseguró que «ningún alto cargo» guarda relación con las irregularidades que señala el informe. El resumen publicado señalaba que «en estas seis entidades existen 26 personas con contrato de alta dirección y 28 personas directivas». La consejería, requerida por este diario, se negó a facilitar el informe de la IGS que destapó que altos cargos tenían sueldos por encima de los permitido o que «algunos» ni siquiera tenían contrato, según señala el resumen de ese documento recogido en la Memoria de 2013 y 2014 de ese órgano. El informe apuntaba al Centro de Estudios Andaluces, la Agencia Andaluza de la Energía, el Parque Tecnológico y Aeronáutico, la Agencia Pública de Puertos, la Empresa de Emergencias Sanitarias y Cetursa. Como ayer Montero, la consejería aludió a la «confidencialidad». «Si se permitiese el acceso a la totalidad de los informes definitivos solicitados podrían verse comprometidas las obligaciones de confidencialidad de la documentación con origen y destino en la IGS y de sigilo profesional exigido para el personal», señaló. La Cámara de Cuentas, en su informe sobre 2013, también alertó de sobresueldos para los directivos del SAS. Podemos pedirá una comisión de investigación en el Parlamento sobre los salarios de la Junta.