Imputados avisan: si se divide el «caso ERE» el juzgado colapsará

Para la jueza que arrancó el caso, Mercedes Alaya, el armazón de los ERE era «inescindible». Así lo defendió de principio a final de los cuatro años que estuvo al frente de la instrucción. Pero, optó por pedir un ascenso y la pasada primavera le abrieron las puertas de la Audiencia Provincial de Sevilla, lo que supuso que tuvo que abandonar la investigación de ésa y otras «macrocausas». Su sustituta en el juzgado, María Núñez Bolaños, comenzó a imponer otros criterios y a tomar decisiones parejas con la Fiscalía Anticorrupción, entre ellas la de trocear el sumario de los ERE en pos de la «agilidad procesal». De hecho, ya ha creado las primeras cuatro piezas separadas en torno a las empresas Surcolor, Acyco, Riogrande y Calderinox.

La posibilidad de la atomización del proceso ha provocado la reacción de las defensas, muchas de las cuales recurrieron primero el auto de julio en el que Núñez instó al despiece general del caso y después están moviendo ficha respecto a cada auto que acuerda la incoación de una separata.

En ese contexto, el representante procesal de cuatro imputados –tres ex altos cargos del IFA y la agencia IDEA, que actuaron como cajas pagadoras, y un empresario de la Sierra Norte sevillana–, Juan Carlos Alférez, ha presentado tres escritos en los que advierte de que evitar la «simple probabilidad» de que «una persona sea condenada a más tiempo de privación de libertad que la que el Código Penal prevé para los hechos presuntamente cometidos» ha de tener «mayor valor y peso» que «la consecución de la mayor agilidad procesal».

A su entender, en la instrucción de los ERE «no se dan los presupuestos que la propia jurisprudencia invocada establece para la divisibilidad», a lo que suma que «la propia configuración de la tesis criminal barajada» en el sumario –que incluye la presunta confección de un sistema creado para conceder ayudas al margen de la legalidad– «hace imposible garantizar la inexistencia de sentencias contradictorias» si se acepta la segmentación en bloques propuesta por Anticorrupción. Un Ministerio Público al que recuerda que no ha definido hasta el momento «qué personas y por qué delitos han de integrar cada una de las piezas».

En cuanto al ansiado dinamismo, Alférez considera «incierto» que el troceo del caso «vaya a traer mayor agilidad ni celeridad al proceso». «Más al contrario –avisa en sus escritos– colapsará aún más el ya de por si colapsado juzgado instructor y multiplicará por más de 200 las mismas diligencias procesales con total probabilidad», pronostica.

Y es que, en opinión del letrado, la división de la «macrocausa» conllevaría actividades como tomas de declaración en calidad de imputados en las nuevas piezas de quienes ya declararon como tales, pudiendo darse el caso de que un encausado de los denominados «transversales» –los que tendrían que sentarse en numerosos banquillos por el mismo «caso ERE»– pudiera ser llamado 200 veces; o la reproducción en ese número del material de lo actuado hasta ahora, los cientos de miles de folios que conforman ya una prolongada instrucción.

En definitiva, cierra Alférez, el «complejísimo sistema-red interdependiente e interconectado de 200 procedimientos penales con el mismo objeto» a conformar, sería un «verdadero terreno abonado para que las nulidades pudieran florecer». Por las enumeradas y otras razones, solicita a la titular del juzgado de Instrucción número 6 que estime los recursos y decrete la «indivisibilidad» del «macroproceso».

En la misma línea se han manifestado antes otras defensas como la de la mujer del conocido como conseguidor Juan Lanzas. Su abogado, Julio Martínez, aportó otros argumentos como una posible fuga de letrados. ¿Debida a qué? Mientras la Fiscalía, como institución, tiene medios para «afrontar» cientos de juicios «en los que exponer sus tesis acusatorias con total precisión y contundencia», los imputados no cuentan con ellos. «Debido a las fortísimas medidas cautelares adoptadas y confirmadas casi siempre cuando han sido recurridas, los imputados sólo van a tener una oportunidad (y no todos) de tener un defensor que pueda hacer frente a las acusaciones», sostuvo Martínez en su texto. La solución pasaría por que los señalados acudieran a «la figura del abogado de oficio», una opción que «no parece la mejor» en «un proceso tan complejo como éste». «En suma –concluía el abogado–, estamos en ciernes de generar una situación de indefensión generalizada». Para que ésa sea una realidad, sólo resta que la Audiencia de Sevilla dé vía libre a lo ya recomendado por el Tribunal Supremo (TS) y resuelva descomponer el conjunto.

Y hay otra disyuntiva en juego. El próximo día 14, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) podría despejar definitivamente si opta por que sea la jueza que apuesta por la escisión, Núñez Bolaños, la que continúe con la instrucción; o si, por el contrario, la recupera quien la entiende indivisible, Alaya. Con todo, la última palabra la tendrá el CGPJ.