Interinos recurren el acuerdo por el empleo público al considerarlo un ERE

La ANIL impugna ante la Audiencia Nacional el pacto entre Gobierno central y sindicatos para reducir la temporalidad

La conversión del empleo temporal en fijo acordada en marzo por el Gobierno central con los sindicatos CSIF, UGT y CC OO sigue sin convencer a los interinos de las Administración pública. La base del pacto es que el 90% de la plazas ocupadas en interinidad en ámbitos básicos como sanidad, educación, justicia, servicios sociales o policía local pasarán a ser indefinidas en tres años. El objetivo es reducir la tasa de temporalidad al 8%. Unos cuarenta mil trabajadores con contratos interinos podrían verse afectados en Andalucía, según la Asociación Nacional de Interinos y Laborales (ANIL). «Al interino hay que defenderlo», se queja su presidente, el abogado gaditano Manuel Martos. Su lucha por los derechos de este colectivo comenzó en la sanidad andaluza, reivindicando el reconocimiento como personal indefinido de profesionales con más de una década encadenando contratos temporales. Ahora, la ANIL ha recurrido ante la Audiencia Nacional el acuerdo suscrito en marzo, al entender que se trata de «un ERE» que provocará la salida masiva de interinos. «Todos los indefinidos longevos deberían pasar a indefinidos no fijos –explica Martos–. Queremos que se convoquen concursos-oposición donde no sea obligatorio aprobar el examen para obtener plaza y se valore la experiencia adquirida». Ya existe –y así lo recoge expresamente el acuerdo– la figura del «indefinido no fijo por sentencia judicial», que implica que a efectos de despido este personal recibirá una indemnización de 20 días por año con un máximo de doce mensualidades. El acuerdo para la mejora del empleo público contempla que cada administración negocie las particularidades de la convocatoria de plazas, pudiendo valorar los méritos por los servicios prestados únicamente en la fase de concurso. Este punto es que provoca el rechazo de la ANIL, al considerar que «ningunea» a los interinos y laborales. «No estamos en contra de que salgan las plazas, pero deben hacerlo respetando los derechos de los interinos longevos. Hay gente con 15 o 20 años en la plaza que son parte de la Administración y que a efectos de ponerse en igualdad de condiciones para pelear por una plaza no se sienten capacitados mentalmente para un examen, pero sí para el desempeño de su función», defiende. Su impugnación se extiende tanto al acuerdo como al artículo 19 de la Ley de Presupuestos 2017, donde se detalla el desarrollo de éste. En concreto, detalla Martos, «faculta a la Administración a sacar en oferta de empleo público todas las plazas que se están desempeñando de forma continua por interinos o personal laboral o estatutario durante tres años o más». El abogado reconoce que este proceder «es legal» aunque «deja desamparados» a los afectados.

«El 92% de las plazas que ahora ocupan interinos en fraude se convocarán. Podrán ser cesados sin reconocerles el derecho a pagarles 20 días de salario por año de servicio, que fijaron Europa y el Tribunal Supremo. Tampoco tendrán derecho de reubicación si hay una vacante», lamenta el portavoz de la ANIL. Solo quienes acudan a la justicia y obtengan individualmente una sentencia que les reconozca como «personal indefinido no fijo» recibirán ese trato, aunque igualmente podrán ser cesados al no tener plaza en propiedad. Para Martos, esta singularidad debería extenderse a toda la plantilla interina y laboral, independientemente de que se solicite por vía judicial.

El Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) reconoció los derechos de este nutrido grupo de empleados, al entender que están a disposición permanente de los servicios públicos y en cambio podían ser cesados sin más. Posteriormente, el Supremo se pronunció en el mismo sentido.

El pasado lunes, la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, anunció que el Consejo de Gobierno aprobará en diciembre una oferta extraordinaria de 32.817 plazas de empleo público para «reforzar y estabilizar las plantillas». Los interinos esperan los detalles.

Trabajadores públicos: 458.000 en andalucía y un 40% de interinidad media a nivel nacional

En diciembre de 2016 la Junta suscribió un acuerdo con los sindicatos para convertir en personal interino a 15.000 trabajadores eventuales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que acumularan un mínimo de dos años desempeñando el mismo puesto de trabajo. De esta manera pretendía otorgar cierta estabilidad a profesionales sometidos a renovaciones de contrato cada pocos meses o incluso días. En la plantilla educativa este índice es menos acusado, aunque empeoró por la limitación estatal de 2012 –ya anulada en los denominados sectores prioritarios– de cubrir solo el 10% de las bajas de efectivos. La firma del acuerdo para la recuperación de los derechos de los funcionarios el año pasado certificó la vuelta a las 35 horas semanales de jornada laboral –en la imagen, la presidenta junto a los responsables de UGT, CSIF y CC OO del sector público– y el pago completo de la paga extra de 2012. La reducción horaria –recurrida por el Gobierno– permitía además aumentar las plantillas, contratando a nuevo personal. Pese a estos avances, el problema de fondo se mantiene: la elevadísima interinidad en las administraciones públicas. La Junta cuenta con más de 243.000 empleados públicos, atendiendo a las cifras oficiales publicadas. En el sector sanitario, en torno al 35% de las plazas las ocupan profesionales que no han superado una oposición; en el ámbito educativo, el porcentaje se reduce al 12%, según datos del Ministerio de Hacienda. El último balance del personal al servicio de las administraciones públicas sitúa en 458.000 los empleados públicos andaluces, el 18% de

toda España; de los 2,5 millones existentes,

un millón no son
funcionarios (40%).