Jaque a los 27.000 laborales de la «administración paralela»

Juan Marín la denominó «grasa administrativa» durante la campaña de las pasadas autonómicas. Ciudadanos se mostró siempre tajante respecto a la administración paralela: «eliminar duplicidades, fundaciones, empresas públicas y demás entes que no respondan a criterios de utilidad, eficiencia y eficacia». La negociación de los Presupuestos 2016 abierta con el Partido Socialista permite a la formación naranja introducir un asunto sobre el que ya en marzo de 2015 anunciaban que serían «implacables». Y después de aceptar la rebaja de mínimos del IRPF propuesta por Susana Díaz (un 2%) con la idea de crear un «clima favorable», admitido así ayer por el propio portavoz del Gobierno andaluz, la formación de Albert Rivera esbozó el contenido de un documento de prioridades a negociar con el PSOE en el que se hace hincapié en la «voluntad irrenunciable» de reducir el aparato instrumental de la Junta de Andalucía, incluyendo la «eliminación de una veintena de empresas públicas por considerar que no son necesarias y cuyas dotaciones presupuestarias se deberían destinar a otras prioridades». C’s no da nombres, pero existen más 100 empresas y entes participados por la Junta. Solo los instrumentales vinculados a la Sanidad aglutinan a 8.016 empleados públicos y el resto de entes acapara a 18.196 laborales, según se recogía en el Proyecto de Ley de Presupuestos del presente ejercicio. Se trata, por tanto, de un colectivo de más de 27.000 trabajadores y Juan Marín, en el documento remitido al PSOE para su análisis, sólo especifica la «reducción de miembros del Consejo de Administración de la RTVA, que pasaría de 15 a 7 personas, y del Consejo Audiovisual Andaluz, cuyos 11 miembros deben reducirse a 5». Con el resto, hermetismo por ahora desde dentro del partido. De igual forma, C’s no aclara qué sucedería con el personal afectado, si se amortizarían los puestos de trabajo o se reubicarían en otros departamentos.

Todo ello dentro de unas propuestas «sensatas y viables» que considera el partido «encaminadas a la creación de empleo de calidad» en la comunidad y a la «mejora del bienestar y los servicios sociales de los andaluces».

El documento contiene un Plan Especial para las PYMES y Autónomos andaluces dotado con 125 millones de euros. «Su finalidad será ayudar a todas esos emprendedores en el segmento de 0 a 9 trabajadores cuyo peso en el tejido productivo andaluz supera el 90%, incentivando y bonificando la creación de empresas, y la contratación y la conversión de contratos temporales a fijos».

Además, el documento elaborado por C’s cree «imprescindible aumentar las plantillas de Sanidad y Educación» (algo que acepta el Gobierno de Díaz), así como el incremento de la jornada hasta el 100% de todos los profesionales que actualmente cuentan con el 75% debido a los recortes». Y en materia de Dependencia, un aumento del 10% en toda la legislatura. Con estas medidas, C´s confía en que «la Junta comience a dar un giro de 180 grados en sus políticas para obtener resultados distintos a los cosechados hasta ahora».

Unas declaraciones que chocan con la visión general que ofrecía el PSOE. Miguel Ángel Vázquez, portavoz del Gobierno, quien advertía «un alto grado de coincidencia» en las demandas de un grupo y otro, que «sólo se trata de concretar». Es más, argumentaba que otras formaciones políticas estaban a tiempo de participar en un amplio acuerdo en materia presupuestaria. Cuestión sobre la que discrepó Podemos, al entender que la Junta mantiene a los grupos «ajenos» a su elaboración. Así, la parlamentaria Esperanza Gómez reclamó que se priorice el gasto social y un alejamiento del «austericidio».

«Bajada de pantalones», según Maíllo

El coordinador general de IU en Andalucía, Antonio Maíllo, cree que Susana Díaz se «baja los pantalones» ante las «políticas de derecha» de Ciudadanos. El líder de la formación de izquierdas considera una «tomadura de pelo» la rebaja del 2% del tramo autonómico del IRPF, pues apenas supone «entre 11 y 6 euros más para las rentas más bajas y la pérdida de 120 millones para las arcas públicas que pueden servir para contratar profesorado». Maíllo aboga por subir los impuestos «a los más ricos».