Valencia

La concertada cifra la restitución de sus derechos: casi 30 millones

Docentes reclaman a los partidos que se consigne la cantidad en los Presupuestos

Una reciente reunión de profesores de enseñanza concertada
Una reciente reunión de profesores de enseñanza concertadalarazon

Los profesores de la concertada consideran «injusta» e «ilegal» su exclusión de los acuerdos entre los sindicatos y el Gobierno andaluz para la devolución de la paga extra suprimida en 2012.

Los profesores de la enseñanza concertada consideran «injusta» e «ilegal» su exclusión de los acuerdos a los que llegaron los sindicatos y el Gobierno andaluz en julio de 2015 y 2016 para la devolución de la paga extra suprimida en 2012 a los funcionarios. La medida vino a suponer, según los cálculos de CC OO, un recorte de 2.000 euros brutos de media en el salario de estos docentes, casi 18.000 profesionales que no tienen plaza fija pero que luchan por la homologación de sus emolumentos y horarios. El colectivo se ha venido reuniendo con los cinco grupos políticos con representación parlamentaria, a los que reclaman que se consignen casi 30 millones de euros en los próximos Presupuestos autonómicos para hacer efectiva la devolución de la extra.

Pero los recortes no quedan ahí. Según recuerda José Guardia, miembro de la Plataforma por la Homologación de la Enseñanza Concertada en Andalucía (PHA), en 2013 y 2014 también les fue suprimida la mitad de la paga extra. En relación a la de 2015, la están recibiendo en varios plazos. Los funcionarios, por su parte, obtuvieron una primera devolución del 25 por ciento de la extra de 2012 el pasado mes de febrero y otro 25 en septiembre. En 2017 y 2018 cobrarán las cantidades restantes.

Se da la circunstancia de que Andalucía, junto a Asturias, son las dos únicas comunidades autónomas que no han devuelto ninguna cantidad de la extra de 2012 a los docentes de la concertada. Cantabria, Valencia, Galicia, La Rioja, Ceuta y Melilla ya la han abonado al completo; Aragón, Baleares y Canarias la mitad; Cataluña un 45 por ciento; Castilla La Mancha un 66; Madrid un 75 y Murcia y Navarra lo han hecho al 37 y 12,5, respectivamente.

Guardia recuerda que, tal y como recoge la Ley de Educación de Andalucía, los docentes de la concertada figuran como Servicio Educativo Público Andaluz, por lo que «hay una serie de derechos que deben ser iguales a los de los profesores de la educación pública». En este punto, asegura que el colectivo reivindica «derechos como trabajadores, no como funcionarios». La equiparación de los sueldos es uno de los principales caballos de batalla. Entre un docente de la pública que está en su primer año y otro de la concertada tan sólo hay una diferencia de sueldo al mes de 37,46 euros en Primaria, Infantil y Educación Especial y de 61,28 en Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos, cantidades que perciben de más los de la pública, según datos de PHA. La diferencia es mucho más abultada cuando se van sumando sexenios, que no son reconocidos al mismo nivel. De hecho, los docentes de la pública cobran al mes hasta 463,34 euros más en Primaria y 472,51 en Secundaria cuando se acumulan cinco sexenios.

Otra diferencia es que los docentes de la pública son considerados autoridad, por lo que las sanciones son mayores si hay un caso de agresión en el centro educativo. Los docentes de la concertada no, así que «estamos más desprotegidos», subraya Guardia.

De otro lado, el colectivo exige más control de las cantidades que se consignan a los colegios concertados, además de que los contratos se ajusten a la baremación y los méritos. «Hay que controlar el dedo», sostiene. Recientemente, la Plataforma Andaluza en Defensa de la Educación Infantil (PADEI) aseguró que desde el curso 2010/2011 al 2014/2015 el aulmnado matriculado en el segundo ciclo de Educación Infantil disminuyó en la educación pública en 15.333 y en la escuela concertada aumentó en 1.269. En definitiva, en la pública se perdieron 469 unidades en Infantil, mientras que la Junta concedió a la concertada un total de 82. No obstante, Guardia puntualiza que el cierre de unidades «afecta casi por igual a la pública y a la concertada», aunque «depende de la zona». Una de las provincias más afectadas es Granada, donde «no se han dado conciertos nuevos, tanto colegios como unidades, desde hace años». ¿Se sienten agraviados los docentes de la concertada? «Por supuesto», señala Guardia, quien añade otro ejemplo: «Tenemos 25 horas de pizarra, frente a las 18 de los profesores de la pública».