lunes, 21 agosto 2017
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Andalucía

La consejera de Educación, ante sus reclamaciones como sindicalista

  • Sonia Gaya pidió llegar al 7 por ciento en inversión que reclaman IU y Podemos, pero que rechaza la Junta

La consejera de Educación, Sonia Gaya (segunda por la derecha), junto a otras miembros del Consejo de Gobierno
La consejera de Educación, Sonia Gaya (segunda por la derecha), junto a otras miembros del Consejo de Gobierno

La nueva consejera de Educación, Sonia Gaya, se ha movido en los últimos años entre el sindicato UGT y el Partido Socialista. En la Unión General de Trabajadores ha desempeñado, entre otros cargos, el de secretaria general de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE). También fue concejal de Educación en el municipio sevillano de Castilleja de Guzmán entre 2007 y 2011, en el equipo de gobierno del socialista Carmelo Ceba Pleguezuelos. Gaya fue la encargada de acudir a la comisión de Hacienda el pasado 15 de noviembre en representación de su sindicato para valorar el Proyecto de Presupuestos de 2017 y se mostró muy crítica con unas cuentas que le tocará ahora gestionar al ocupar un puesto en el Consejo de Gobierno.

La titular de Educación aseguró en su intervención que las cuentas son «desafortunadamente insuficientes para hacer frente a los graves problemas en los que se encuentra la comunidad, muchos de ellos estructurales, como son la falta y la precarización del empleo y las desigualdades sociales», al tiempo que reclamó llegar progresivamente a alcanzar una inversión educativa del 7 por ciento del Producto Interior Bruto, según recoge el diario de sesiones de la Cámara. La Junta tiene previsto invertir 6.103 millones de euros en Educación este año, un 3,8 por ciento más que el anterior. Sin embargo, la cifra no pasa del 4 por ciento de un Producto Interior Bruto regional, que se mueve en los 150.000 millones de euros.

La propuesta que hizo Gaya va en la línea del programa electoral con el que se presentó Pedro Sánchez a las últimas elecciones. El que será nombrado oficialmente secretario general socialista este fin de semana defendió llegar a una inversión del 7 por ciento del PIB en un periodo de ocho años. Además, Podemos e IU registraron precisamente una Proposición de Ley en el Parlamento para reformar la normativa y blindar en una primera fase la inversión en educación no universitaria en el 5 por ciento del Producto Interior Bruto, hasta llegar progresivamente al 7 por ciento. Esta iniciativa legislativa aún no se ha debatido en el Pleno porque estas dos formaciones pretenden que cuente con el mayor respaldo posible, pero llegará a lo largo de esta legislatura.

Este asunto puede colocar a la consejera de Educación en una situación incómoda ya que no está nada claro que el PSOE tenga intención de emitir un voto afirmativo. De hecho, el Consejo de Gobierno rechazó en el mes de diciembre la toma en consideración de esta Proposición de ley esgrimiendo «problemas legales» derivados de la ley de estabilidad presupuestaria. «Fijar un tope no es la figura adecuada», señaló entonces el ex portavoz del Gobierno andaluz. Miguel Ángel Vázquez esgrimió en este sentido que la inversión en educación de Andalucía supera la media nacional y se acerca a los 7.500 millones de euros, lo que supone el 5,1 por ciento del Producto Interior Bruto. Pero esta cifra tiene trampa: la Junta suma el gasto universitario.

Los reparos de la consejera de Educación al Presupuesto en curso alcanzaron prácticamente todas las esferas de las cuentas. Desde la falta de una apuesta decidida por el sector industrial –«cuestión que tampoco vemos reflejada en los Presupuestos», dijo–, hasta la insuficiente inversión en política de empleo –«tan solo un 0,5 más que el ejercicio anterior»–, pasando por el rechazo «a que se otorguen ayudas a fondo perdido a través de fondos reembolsables y seamos incapaces de seguir el rastro y poder conocer al detalle cuántos euros se han invertido realmente en crear los puestos de trabajo para los que se han concedido dichas ayudas». «Son unos presupuestos que apuestan –abundó– por la continuidad de las políticas desarrolladas que no han resultado ser todo lo eficaces que deberían».

Asimismo, las palabras de la consejera de Educación en relación al optimista clima de recuperación económica chocan frontalmente con el discurso que está enarbolando la presidenta de la Junta de Andalucía. La consejera dijo hace menos de seis meses que «parece que se ha instalado en una corriente importante de opinión la idea de que la crisis se ha quedado atrás y ya estamos en la senda del buen camino. Y créanme que este sindicato no quiere ser en absoluto agorero, pero sin tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir, sin introducir cambios en nuestro sistema productivo, sin apostar decidida y valientemente por la innovación, la investigación y el desarrollo, por la inversión y el crecimiento, seguiremos estancados y con un empobrecimiento cada vez más generalizado de la población». «Aunque valoramos muy positivamente la apuesta decidida por mantener y consolidar los servicios públicos, sentimos discrepar con la idea de recuperación consolidada que trasladan los gobiernos, tanto el de la nación como el andaluz», deslizó. Susana Díaz trazó el día de la toma de posesión de los nuevos consejeros una raya en el comportamiento económico. El anterior equipo de gobierno tuvo que gestionar la crisis y el nuevo la «recuperación». La crisis, para Díaz, ya se ha acabado.

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