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La «convocatoria fantasma» de los cursos de formación

La patronal del sector se queja de que no tienen validadas las justificaciones de hace seis años

  • El defensor del pueblo, en el Parlamento andaluz
    El defensor del pueblo, en el Parlamento andaluz
A. M.  Sevilla.

Tiempo de lectura 2 min.

21 de junio de 2017. 21:04h

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La reactivación de los cursos de formación, después de un lustro en el dique seco debido a un escándalo que tomó vía judicial, ha sido uno de los anuncios estrella de la Junta, que trata de reactivar la agenda tras el «impasse» de las primarias socialistas en las que cayó derrotada Susana Díaz. El nuevo consejero de Empleo, Javier Carnero, lo anunció la semana pasada, tras mantener una reunión con la patronal y los sindicatos. Después de una serie de amagos desde el principio de esta legislatura, el titular del ramo puso una fecha y una cantidad: septiembre y una dotación de 65 millones de euros. Carnero aseguró asimismo que la reactivación de los cursos se producirá «con todo el rigor administrativo». No obstante, es el proceso administrativo el que de nuevo presenta problemas.

Así las cosas, la Confederación de Empresas de Formación en Andalucía (Cecap-A) ha pedido al Defensor del Pueblo Andaluz que medie e interceda ante la Intervención General de la Junta y la Dirección General de Formación para el Empleo, ya que «la mitad de las entidades de formación –149 de 300– no van a ejecutar ningún curso de formación para desempleados, porque no tienen validadas las justificaciones de los cursos de hace seis años». El atasco en la revisión de los cursos fue una de las principales fallas del engranaje de la formación. De hecho, motivó que la Consejería de Empleo emitiera una serie de resoluciones para exonerar a los beneficiarios de justificar las partidas en tiempo y forma. Algunas de estas resoluciones tuvieron un carácter masivo y permitieron abrir una excepción a la ley para que los beneficiarios pudieran seguir recibiendo asignaciones de la Junta, lo que de otro modo hubiera sido imposible porque lo impide la ley.

Fuentes de Cecap-A lamentaron a Europa Press que «los interventores provinciales, mientras no se validen las justificaciones de hace más de seis años, no dan la actualización para adelantar los pagos de los cursos nuevos». Este colectivo se reunió ayer con representantes del Defensor del Pueblo Andaluz, para explicar que la convocatoria de cursos de formación para desempleados que ya se ha resuelto va a ser, por tanto, «una convocatoria fantasma», ya que si las entidades no cobran los adelantos no tendrán el pulmón suficiente para realizar las labores formativas.

«Como no han visado las justificaciones, los interventores entienden que todavía no están justificadas», por lo que se preguntan «qué culpa tienen las empresas de que la Administración andaluza no haga bien su trabajo». Hay que recordar que el atasco administrativo de la formación fue uno de los aspectos que concitó la crítica de toda la oposición en la comisión parlamentaria de los cursos.

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