La cumbre sobre financiación de Díaz: sin cifras ni documentos previos

Cs pedirá hoy a la consejera de Hacienda que se elimine el impuesto de sucesiones para herencias de hasta un millón

«Hubiéramos preferido una reunión de trabajo y no una galería de fotos». La observación de la líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, resume el espíritu de la cumbre que mantuvo ayer la presidenta de la Junta, Susana Díaz, con el resto de dirigentes de la oposición para tratar de pactar una postura común sobre el sistema de financiación. Teresa Rodríguez es metódica. Fue la única que aportó un amplio dossier en la ronda de reuniones que también se celebró en el Palacio de San Telmo tras las elecciones de marzo de 2015 para tratar de desatascar la investidura de Díaz. En estos más de dos años no se ha producido ningún encuentro bilateral al más alto nivel, lo que lamentó ayer el coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo. Todos los partidos están de acuerdo en que hay que cambiar el sistema y ven saludable este tipo de encuentros, pero los avances no pasaron de la galería fotográfica. Ahora será una comisión parlamentaria la encargada de continuar las negociaciones.

El objetivo de estos contactos estaba viciado de inicio. En primer lugar, porque ni el Parlamento ni el Gobierno andaluz tienen competencias para establecer una pauta vinculante sobre el sistema de financiación. Esta ley de ámbito estatal se aprueba en el Congreso de los Diputados y el núcleo de las negociaciones se suele ventilar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que es donde están presentes todas las comunidades de régimen común. A lo más que pueden llegar las comunidades es a sugerir una propuesta. Ocurrió en el año 2008, cuando José Antonio Griñán, siendo consejero de Hacienda, le remitió a Pedro Solbes una iniciativa que tenía como eje central el aumento de la corresponsabilidad fiscal de las comunidades hasta llegar al esquema de 50-50-58. Esto es, 50 por ciento de IVA y de IRPF y 58 por ciento de impuestos especiales cedidos a las comunidades autónomas. Esta apreciación la tuvo en cuenta Elena Salgado cuando tomó el relevo de Solbes y cuadró con la ayuda de Esquerra Republicana de Cataluña un modelo –el «sudoku» lo solía llamar Solbes– al que se opuso el Partido Popular y que ha supuesto, según las cuentas de la Junta, un déficit de inversión de más de 5.000 millones de euros.

Entonces hubo al menos cifras concretas. Esta vez no. O al menos no todavía. La presidenta de la Junta le trasladó a los líderes de los partidos de la oposición un decálogo de propuestas. Todos ellos lamentaron, por cierto, no haber tenido antes este documento para poder haber entablado una negociación en detalle.

En el decálogo, el Ejecutivo andaluz insiste en que la población debe ser la «variable decisiva» para la distribución de recursos, y añade alguna otra propuesta como la creación de un fondo de sostenibilidad de los servicios públicos fundamentales para «salvaguardar los recursos que las comunidades autónomas destinan a salud, educación y servicios sociales en momentos de recesión económica, y queden blindados los pilares del Estado del bienestar». Asimismo, la Junta propone la eliminación progresiva de los mecanismos extraordinarios de liquidez, principalmente el Fondo de Liquidez Autonómico y el Fondo de Pago a Proveedores. Conviene recordar que la adscripción a estos fondos es voluntaria. La Junta es la tercera comunidad que más dinero ha recibido del Gobierno central debido a la delicada situación de sus finanzas durante la crisis. En concreto, al cierre de 2016, Hacienda cifraba en 29.651 millones de euros el auxilio prestado desde inicios de 2012, lo que ha supuesto un endeudamiento por estos fondos –a 31 de agosto de 2016– de 21.551,83 millones de euros, según cifras de la propia Consejería de Hacienda. Dos tercios de la deuda global de la región.

La reunión sobre financiación, lo que sí dejó al descubierto son las diferencias entre los partidos sobre una armonización fiscal que también cita la Junta en su decálogo, pero con una importante observación: la petición de «evitar que parte de la financiación de los servicios públicos provistos por las comunidades quede condicionada por la competencia fiscal entre regiones».

La Junta se refiere sobre todo al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, de competencia estatal pero cedido a las autonomías y que le está suponiendo un quebradero de cabeza por la movilización de los miles de afectados y la presión del Partido Popular y Ciudadanos.

En este sentido, el líder de Cs en Andalucía aseguró ayer que la reforma fiscal debe ir unida a la reforma del modelo de financiación y avanzó que en la reunión que mantendrá hoy con la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, le pedirá que queden exentas del pago de sucesiones las herencias de hasta un millón de euros. Se trata de la propuesta inicial de Ciudadanos en su programa económico de cara a las últimas elecciones generales. Una propuesta que sin embargo rechazó el presidente del PP-A, Juanma Moreno, por quedarse a «medias». Lo que reclama esta formación es una bonificación del 99 por ciento –ya que la eliminación total a nivel autonómico es imposible– tal y como se aprobó hace unos años en la Comunidad de Madrid.

Moreno reclamó una bajada del impuesto de Sucesiones y también del IRPF. Agradeció la ronda de contactos a Díaz, pero le pidió que las negociaciones se lleven a cabo «sin trampas» y sin «aislar a nadie». El PP se ha quejado de que estos encuentros estaban dirigidos fundamentalmente contra el PP andaluz ya que es el Gobierno central el que tiene que sacar adelante el nuevo modelo de financiación. Podemos e IU, por su parte, también reclaman armonización fiscal, pero en una dirección contraria a la de PP y Cs. Piden que no se «agujereen» los impuestos con reformas como la del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.