La expulsión de IU de la Mesa del Parlamento andaluz acaba en el Constitucional

La federación de izquierdas recurre la resolución del socialista Durán que apartó a Castro por entender que viola derechos fundamentales y es contraria al Reglamento de la Cámara

De vuelta en su lugar de la Mesa del Parlamento andaluz con todos los derechos. Así quiere el grupo de IULV-CA a su representante en ella, el diputado José Antonio Castro Román, quien perdió su condición de secretario tercero del órgano de gobierno de la Cámara cuando una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) reconoció el derecho de la parlamentaria del PP-A Patricia del Pozo a entrar en ella. Con ese fin, IU ha presentado ante el mismo tribunal un recurso de amparo en el que pide que se anule la resolución del pasado 9 de enero del presidente del Parlamento, el socialista Juan Pablo Durán, con la que dejó fuera a Castro sin ni siquiera comunicárselo personalmente. Luego, gracias a un acuerdo político de los partidos, se permitió que éste permaneciera en la Mesa como vocal, con voz pero sin voto, una solución que, a juicio de IU, «no es justa».

En su recurso de 23 páginas, consultado por LA RAZÓN, la coalición de izquierdas sostiene que la decisión de Durán vulnera derechos fundamentales recogidos en el artículo 23 de la Constitución española: de un lado, el de ejercer «funciones representativas», en tanto que políticos votados por los ciudadanos, y de otro, el de «participación ciudadana en los asuntos públicos». Para la federación, la resolución impugnada limita «de manera desproporcionada y carente de toda fundamentación el derecho de los recurrentes a estar presentes en la Mesa». Y ello, pese a que el Constitucional «ya tiene declarado» que éste, de forma acorde con los requisitos fijados por el Reglamento de la institución, «pertenece al núcleo esencial de la función representativa parlamentaria», por lo que «su restricción ilegítima» está «vedada» por la Carta Magna. La coalición acusa a Durán de haberse saltado el Reglamento de la Cámara autonómica para dar cumplimiento de lo dictado en el fallo del TC, en concreto el artículo 36 del mismo en el que se establece que «todos los partidos, federaciones y coaliciones que, habiendo concurrido a las anteriores elecciones, hubieran obtenido en las mismas representación suficiente para constituir grupo parlamentario, tendrán derecho a estar presentes en la Mesa». Un punto que, en opinión de la federación recurrente es «la garantía esencial de un modelo específico de Parlamento» caracterizado por «la presencia de todos» los partidos políticos en el ente de dirección de la institución. IU asevera en su recurso que la «absoluta falta de motivación» no permite conocer las razones que llevaron a Durán a optar por «privar» a Castro de su puesto como secretario tercero de la Mesa y a «ignorar» el derecho de su grupo parlamentario a tener presencia en aquélla. Pero intenta un disparo al plantear que la decisión del presidente pudiera obedecer a «meras consideraciones de oportunidad política». «En este sentido –se arguye en el escrito– resulta necesario recordar que el derecho de los grupos parlamentarios a tener presencia en la Mesa de la Cámara no puede quedar limitado por cuestiones de oportunidad política». A lo que suman que, sea cual sea la fundamentación en la que Durán soportó su resolución, «lleva a que el Grupo Parlamentario Socialista mantenga tres miembros en la Mesa», lo que, «en la actual situación de pacto político con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, les permite tener mayoría en todas las decisiones» del ente de dirección interno. «Otras soluciones legalmente posibles y más respetuosas con los derechos fundamentales –se argumenta en las páginas del documento jurídico– habrían limitado esta mayoría política».

En definitiva, IU mantiene que la ausencia de motivación de la Resolución que pretende anular «no permite excluir que se haya sometido a razones de oportunidad política el ejercicio de las facultades de control otorgadas por el Reglamento a los parlamentarios», así como que se ha reparado la lesión del artículo 34 de esa normativa –el esgrimido por el PP-A en su momento y que recoge el método para elegir a los miembros de la Mesa por mayoría de la Cámara– anulando el derecho «esencialísimo» garantizado en el artículo 36 de la misma.

El coordinador general y portavoz de IULV-CA, Antonio Maíllo, lo tiene claro: cree que Durán aplicó la interpretación del fallo del Constitucional a favor de Del Pozo que hacía su partido, el PSOE-A, pero ésta «no era la única» y sí «vulnera» derechos fundamentales. La federación entiende que se cometió un «error» que hay que rectificar y confía en que el TC se ponga de su lado. De momento, Maíllo considera que Durán está desacreditado para ejercer su cargo no sólo por esta polémica resolución «injusta», sino por los antecedentes del que es también secretario general del PSOE de Córdoba.