La Guardia Civil confirma a la jueza un boicot informativo que la Junta niega

Avisa a Núñez del «menoscabo» que los «retrasos» en la entrega de documentación requerida suponen para la «eficacia» de la investigación y le pide que exija datos de los entramados de Velasco, Ojeda o el empresario que admitió un lucro del 20%

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está siendo boicoteada informativamente en la «macrocausa» de los cursos de formación que coordina el juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. Ésta es la idea esencial que se desprende de un oficio fechado el 4 de julio en el que advierte a la titular de ese órgano judicial, la jueza María Núñez, de «los retrasos que se están produciendo» en la remisión de documentación y el «menoscabo» que esa espera supone para «la eficacia de las investigaciones que se realizan», dado que el tiempo juega en su contra. Desde ese punto de arranque, la Guardia Civil solicita a la magistrada que lleve a cabo una serie de nuevos requerimientos de datos, en esencia a la Junta.

La UCO recuerda que una de las líneas de análisis que marcó la anterior titular del juzgado que abrió el proceso, Mercedes Alaya, pasaba por la presunta concesión irregular de subvenciones a determinados entramados empresariales y para confirmarla o descartarla se debían revisar los expedientes de las ayudas ligadas a éstos. ¿Los encargados de hacerlo? Un equipo de funcionarios que la Dirección General de Formación de la Consejería de Educación –entonces competente en la materia– eligió para esa tarea en mayo de 2014, según comunicó al juzgado en un escrito. Esas redes societarias giraban en torno al ex «número dos» del PSOE-A Rafael Velasco, los empresarios José María Pérez González y José Sivianes y el ex consejero Ángel Ojeda. A ellas se sumó luego la que fuera empresa de José Fernández de los Santos, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la actual Ejecutiva regional socialista, Multiservicios y limpiezas Doñana SL.

En relación a Velasco, la UCO asevera que la Dirección General de Formación «no ha emitido ningún informe» hasta la fecha sobre los fondos con los que se regó a las empresas hilvanadas a él, pese a haber reiterado en tres oficios –de septiembre de 2015, abril de 2016 y 18 de mayo– su necesidad de contar con ellos para avanzar. Ahora pretende que la jueza reclame de nuevo al Gobierno andaluz los informes ligados al ex cargo socialista, «en cumplimiento de lo dispuesto en los mandamientos de fecha 9 de febrero de 2015 y 4 de marzo de 2015» de Alaya. De hecho, Núñez acordó recientemente el sobreseimiento provisional de la pieza separada centrada en Velasco, que declaró de especial complejidad, tras pedirlo la Fiscalía por ese apagón informativo.

Lo mismo se repite con Pérez González, quien admitió en la comisión creada en el Parlamento autonómico sobre el presunto fraude formativo que obtuvo «beneficio empresarial» del «20%» en cada curso. Nada se sabe de los expedientes de las ayudas que recibió, por lo que los investigadores buscan lo mismo de Núñez, teniendo en cuenta que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha emitido en la demora un informe en el que concluía que las sociedades de Pérez González incumplieron los requisitos exigidos para la «concesión directa –de fondos– con compromiso de contratación», por lo que «las certificaciones de cumplimiento emitidas no se ajustarían a la realidad».

Por lo que respecta a Sivianes, el juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla dirige una investigación sobre ese entramado en concreto, por lo que la información, de recabarse, tendrá que reenviársele.

En relación a Ojeda, la UCO asevera en su oficio, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, «tener constancia» de que la Junta ha revisado los expedientes vinculados a él «en el marco del Plan de Rehabilitación de la Bahía de Cádiz (Delphi)» por lo que quiere que se le aporte el resultado. A ello suma otra demanda: los expedientes de reintegro incoados a sus empresas, de acuerdo a lo acordado en otro mandamiento de Alaya. Por último, el Instituto Armado confía en lograr los informes relativos a la revisión de los expedientes de subvenciones otorgadas a la ex sociedad de Fernández de los Santos.

Pero hay más. Los investigadores reivindican que se les proporcione una copia de los expedientes de reintegro de los fondos asignados a los sindicatos UGT y CC OO y a la CEA, tras recordar que los agentes sociales «se convirtieron en los principales receptores de subvenciones» para «Formación Profesional para el Empleo (FPE)» gracias a un «procedimiento de ‘adjudicación directa’». Junto a ello exigen otra de todas las resoluciones de exceptuación de justificar en plazo publicadas entre los años 2007 a 2013, para poder «identificar» a las mercantiles bajo sospecha incluidas en ellas en ese periodo.

La Guardia Civil apela al apoyo de la instructora para hacerse además con los informes de actuación que la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA) hubiese elaborado a raíz de las actuaciones practicadas «con ocasión de los informes especiales» correspondientes a los fondos repartidos por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) entre 2009 y 2012; así como con el texto que haya podido confeccionar un interventor adjunto, a requerimiento judicial, sobre subvenciones otorgadas por el SAE. Y existe una última solicitud: una copia digitalizada de los expedientes de ayudas de FPE distribuidas desde los órganos centrales de ese Servicio Andaluz de Empleo que fueron incautados en mayo de 2014 en la sede de la dirección de Formación y trasladados al juzgado, dada «la trascendencia» que su estudio tiene para la causa.

Dibujado por la UCO el escenario de los huecos documentales por rellenar la Junta afirmó en un comunicado haber entregado el grueso de los informes y el resto de peticiones se cumplirá «en el plazo de tiempo más breve posible, compatible con el necesario rigor».