La «ilegal» depuración de aguas acaba en la Fiscalía

Ecologistas elevará además una queja a Bruselas por la vulneración de directivas europeas

Hecho el diagnóstico, Ecologistas pasó a la acción. La organización ha alertado a la Fiscalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Patrimonio Histórico de un presunto delito ligado al cobro de la tasa de saneamiento de aguas en municipios andaluces cuyas depuradoras «incumplen la normativa que regula los requisitos de los vertidos».

En un escrito-denuncia de tres páginas, que registraron el lunes 13 de marzo y al que ha tenido acceso LA RAZÓN, los ecologistas explican al Ministerio Público que ha elaborado un informe a partir de unas 12.000 muestras analíticas de entre 2013 y 2015 de las depuradoras de las ocho provincias de la región y han concluido que el grado de vulneración de la normativa estatal se incrementó hasta llegar al último año, «donde el 34 por ciento de las depuradoras no operaban conforme a la ley». Y ello, a pesar de que los habitantes de las localidades con estación depuradora de aguas residuales tienen que pagar una tasa por ese concepto, en función de los metros cúbicos de agua consumidos, a la Administración que gestiona el ciclo integral de ese elemento.

Desde ese dibujo de base, Ecologistas pide a la Fiscalía que investigue si consistorios de la comunidad estarían cometiendo un delito «al continuar vertiendo las aguas residuales urbanas a cauce público sin la debida» limpieza «de forma continua, dolosa y haciendo caso omiso» a los reiterados «requerimientos de la Administración competente», con lo que estarían infringiendo lo fijado en dos reales decretos estatales y una directiva europea.

Y no queda ahí lo transmitido a la Fiscalía. La entidad conservacionista le explica además que el 26 de octubre de 2010 el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó que se declararan de interés «un total de 300 actuaciones de saneamiento y depuración» destinadas a alcanzar «el objetivo de la calidad de las aguas en Andalucía» marcado. Si bien, en la actualidad «hay todavía un 62 por ciento» de las mismas que «ni siquiera se han iniciado», a lo que se suma que el Gobierno central tampoco habría favorecido que se completara el saneamiento en los municipios «de su competencia». En ese punto, los ecologistas recuerdan que existe «preocupación» en Europa por el «incumplimiento reiterado de la directiva» por parte de España y que, de hecho, la Comisión incoó recientemente un procedimiento sancionador «por la demora en la adopción de medidas» en 17 aglomeraciones urbanas, ocho de las cuales se encuentran en la comunidad: Matalascañas, Alhaurín el Grande, Isla Cristina, Tarifa, Coín, Estepona/San Pedro de Alcántara, Nerja y Barbate.

Para la denunciante, «los continuos vertidos a cauces público sin depurar» o al margen de la legalidad vigente supondrían «un atentado ecológico» tipificado en el Código Penal y los responsables de que esto suceda podrían estar cometiendo un delito contra el medio ambiente, por lo que demandan a la Fiscalía que investigue.

Al margen de lo que suceda con esa denuncia ya cursada, Ecologistas en Acción enviará estos días una queja sobre este asunto a Bruselas, según adelantaron ayer a este periódico fuentes de la misma. ¿En qué la sustentarán? En la violación de directivas como la de aguas residuales, la 91/271/CEE, o la directiva marco de aguas, la 2000/60. El miembro de la organización Antonio Amarillo apunta otro dato a tener en cuenta: «Algunas de esas depuradoras se han construido en parte con fondos europeos, por lo que también avisaremos del mal uso que se ha hecho de éstos, bien porque aún no se han construido las depuradoras, o bien porque no funcionan correctamente», desmenuza. Contra la sordera, actuación.