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La intervención de la Junta confirma irregularidades en las subvenciones formativas otorgadas a Faasa

Sostiene que “quizás el interés público se ha supeditado” al particular y que se han incumplido “importantes normas especiales”

La empresa asevera que las ayudas se emplearon de forma adecuada, como constata un informe pericial

  • Un juzgado sevillano investiga irregularidades en torno a la adjudicación de medios aéreo para el Plan Infoca
    Un juzgado sevillano investiga irregularidades en torno a la adjudicación de medios aéreo para el Plan Infoca
N. Acedo.  Sevilla.

Tiempo de lectura 4 min.

30 de septiembre de 2017. 19:18h

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La rigurosidad debe ser el faro de la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA) y a ella le pidió el pasado febrero el juzgado sevillano que recoge datos en torno a la adjudicación de medios aéreos del Plan Infoca, el de Instrucción número 8, un informe relativo a unas de las ramas en las que ha derivado la investigación originaria: las subvenciones para formación que acumuló la empresa cordobesa Faasa Aviación. El órgano de control interno del Gobierno autonómico ya ha atendido la demanda del órgano judicial. Ha revisado 29 expedientes y ha concluido que tras la concesión de ayudas a una mercantil que, según las fases preparatorias de los mismos y para el órgano concedente de los fondos públicos, “gozaba de un alto nivel de calidad, con grandes resultados de empleabilidad, cumpliendo las normas aplicables”; existía “otra realidad” en la que “quizás el interés público se ha supeditado al interés particular”. “Importantes normas especiales no se han cumplido y la justificación real de los gastos subvencionados ha sido relativa”, se asevera en el informe rubricado por el interventor provincial y al que ha tenido acceso LA RAZÓN. Y se añade: “La finalidad última de la formación, que es la mejora de la empleabilidad de los alumnos desempleados que han realizado los cursos no ha quedado acreditada” en los expedientes diseccionados.

La intervención no hace valoraciones al peso, analiza documentación y en este caso apunta también que “los cambios normativos que se han producido” en el seno de la Administración regional, sobre todo, “el tránsito de la no concurrencia a la concurrencia competitiva como mecanismo” de otorgamiento de las subvenciones para intentar evitar adjudicaciones “a dedo”; “no ha tenido relevantes consecuencias prácticas en los expedientes” otorgados a Faasa. La IGJA considera que se hubieran evitado “algunos errores” si las herramientas informáticas necesarias para la gestión y el seguimiento de las acciones formativas -el sistema llamado Gefoc- “hubieran funcionado correctamente”. Punto en el que recuerda que en un informe de control especial de junio de 2014 y en otro de la Cámara de Cuentas de febrero de aquel año se señalaron fallas a corregir “mediante los mecanismos adecuados de revisión de los actos administrativos”, pese a lo que “no se ha avanzado en la solución de esta cuestión”, lanza.

A todo ello suma, en el apartado de la justificación de las subvenciones, uno de los eslabones de la cadena, que ese proceso “ha sido insuficiente desde el punto de vista material”, en línea con lo sostenido por la Policía en la instrucción de esta causa.

Faasa ha negado anomalías en su gestión de las ayudas públicas desde el arranque de un caso judicial en el que está personado, también casi desde su inicio tras la denuncia de un funcionario de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la federación sevillana de Ecologistas en Acción. Fuentes de la empresa recuerdan a este periódico que encargaron un informe pericial en el que se constata que «la utilización de los fondos públicos ha sido la adecuada» y recuerdan que cuentan con dos sentencias judiciales que «dan la razón» a la compañía en relación a expedientes de reintegros abiertos contra ella por la Administración autonómica. Quieren dejar claro que las irregularidades, “si las hubiera”, serían de tipo administrativo.

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