La jueza confirma la división de los ERE y reclama medios para un juicio rápido

Su autora, la titular del juzgado de Instrucción numero 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha confirmado los autos, fechados el 30 de julio y el 9 de noviembre de 2015, en los que apostó por dividir la «macrocausa» de los ERE y diseñó la arquitectura de su despiece que, de momento, incluye una matriz de la que ha desgajado seis bloques, entre ellos la rama política del proceso, la que gira en torno al denominado procedimiento específico –la fórmula empleada para repartir los fondos públicos– que afecta a los ex presidentes andaluces Chaves y Griñán, junto a una hilera de ex cargos de la Junta.

En dos nuevas resoluciones del 27 de enero, consultadas por LA RAZÓN, la jueza desestimada los recursos de los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez. El primero alegó, entre otras cuestiones, la «inescindibilidad» de la causa al considerar que su división vulnera el artículo 24 de la Constitución «por cuanto quiebra la tutela judicial efectiva generando indefensión», a lo que sumó que «no es posible el enjuiciamiento sobre concesión de ayudas concretas –a empresas–» de forma independiente al procedimiento específico, ya que «de ser legal» el primero, lo sería también «su conducta en la concesión» de las subvenciones. Para la Fiscalía Anticorrupción, en cambio, «pronunciamientos absolutorios o de sobreseimiento» en la rama política, no tendría por qué entrar «en contradicción con otros hipotéticos fallos condenatorios en otras piezas» en las que se pusiera de manifiesto «la apropiación de fondos públicos mediante la utilización» del sistema empleado para su distribución.

Ahora Núñez sostiene que ninguna de las dos posiciones son «del todo» correctas. Apunta que ambas parten de «premisas opuestas» y explica que si el procedimiento usado para distribuir las ayudas se considera legal es posible que en su aplicación concreta «existan elementos que revelen la ilegalidad» de conductas determinadas. De otro lado, en el caso de que se dicten sentencias de ayudas a empresas antes de que se dirima la cuestión de la legalidad del sistema de reparto, podría darse «una sentencia condenatoria, por apreciarse la ilegalidad del procedimiento» y advierte de que, si luego éste se declara legal, «evidentemente sería una grave contradicción». Y va más allá al abrir una puerta. En la hipótesis de que se dictase un fallo absolutorio en la pieza del procedimiento específico en fase de instrucción, podrían archivarse ayudas bajo sospecha. ¿Cuáles? En las que no se aprecian irregularidades en su «ejecución», las dadas a «empresas en crisis sin intrusos –beneficiarios sin trabajar en la empresa bonificada–» o subvenciones directas «en las que la UCO –la Guardia civil–, en el atestado inicial» no aprecie más anomalía que «la utilización de un procedimiento presuntamente ilegal».

En definitiva, la jueza cree que «tiene una gran relevancia» para la causa, para determinar el resto de piezas y para su enjuiciamiento, «que se resuelva previamente sobre la legalidad o ilegalidad» del procedimiento específico y sobre si las «comisiones pactadas» que podrían haberse pagado se ajustaban o no al mercado y si pudieron «suponer un menoscabo del erario público». ¿Por qué? Para evitar fallos contradictorios tras juzgar cada una de las piezas. Con todo, matiza que hecha esa apreciación, «cada ayuda puede ser instruida y enjuiciada de forma separada» lo que, al contrario de lo sostenido por la defensa de Guerrero, «no causaría indefensión», sino que permitiría «un estudio más detallado y pormenorizado» de cada una de ellas. Bolaños defiende un esquema divisorio que no implica «la paralización en la instrucción» y avisa a los impelidos por la urgencia de que «no se puede hablar de dilación indebida más allá de la que ya concurre tras cinco años de instrucción». Punto en el que lanza: «Lo que hay que hacer para evitar más dilaciones y perjuicios a los investigados es poner todos los medios personales y materiales necesarios para que pueda haber un enjuiciamiento rápido».

Antonio Fernández afirma que tuvo «cero intervención» en el ERE de Egmasa

El ex titular de Empleo de la Junta Antonio Fernández volvió ayer al juzgado por un motivo: su implicación en el «caso ERE». Y van seis. En esta ocasión, el ex consejero negó, en presencia de la instructora María Núñez Bolaños, haber tenido conocimiento o participación en la ayuda de 21,6 millones que el Gobierno andaluz concedió a la extinta Egmasa para su ERE de 2003, que afectó a 373 trabajadores. Fernández aseveró en sede judicial que no tuvo ninguna participación en ese expediente. Según su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo, su cliente trasladó a Núñez que tuvo «cero competencias y cero intervención» en el mismo.