María Núñez

La jueza de los ERE se mueve para poder tomar declaración al fugado Pascual Arxé

La instructora del “caso ERE”, María Núñez
La instructora del “caso ERE”, María Núñezlarazon

Estaba en paradero desconocido después de aprovechar su situación de libertad condicional tras más de un año de cárcel en un centro penitenciario de Sevilla para, consciente de que estaba en el barro, huir con un pasaporte boliviano que logró al contraer matrimonio con una ciudadana de aquel país. Pero hace unos días fue detenido en la africana Burkina Faso. El protagonista de la historia es Eduardo Pascual Arxé, acusado de quebrar Eurobank y uno de los investigados en el «macroproceso» de los ERE presuntamente fraudulentos de la Junta.

Tras su arresto, fuentes de Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) adelantaron que la instructora del «caso ERE», María Núñez, tenía intención de tomarle declaración y ahora ella misma lo ha dejado claro. En un auto fechado el 14 de mayo al que tuvo acceso LA RAZÓN, la magistrada refleja que dos días antes, el 12, la Interpol comunicó al órgano judicial sevillano que dirige, vía fax, la localización de Arxé en Burkina Faso, tras lo que ha considerado «procedente» ampliar su resolución del 26 de octubre de 2015, en la que pidió que se buscara al entonces fugado para ponerlo a disposición judicial, en un sentido: hacerla extensiva al «ámbito internacional». Con ese propósito, Núñez ha mandatado que se libre la «correspondiente requisitoria, debidamente traducida al idioma francés, a la Interpol».

Sólo en el ámbito de los ERE, causa por la que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lo detuvo en marzo de 2013, a Pascual Arxé se le atribuye un rosario de delitos: para empezar los continuados de cohecho, malversación, prevaricación y falsedad en documento mercantil; a los que hay que agregar un quinto delito contra la hacienda pública y un último de asociación ilícita. Todos ellos, con su correspondiente reflejo en el Código Penal.

La vinculación del ex banquero con los ERE pasa por la mutua Forta Vida que dirigía y que estaba integrada en el grupo Vitalia, que gestionó multitud de prejubilaciones para el Gobierno andaluz con porcentajes de ganancias desorbitados fuera de mercado.