La jueza reclama a la UCO que le informe de su investigación sobre el «caso Aznalcóllar»

La jueza de Sevilla que investiga las presuntas irregularidades en la adjudicación a la agrupación empresarial México-Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar ha reclamado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que “haga entrega e informe” al Juzgado “del resultado de las diligencias de investigación que hubiera venido desarrollando hasta la fecha”.

En un auto fechado el día 21 de julio, la jueza de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco, atiende a la petición realizada por el abogado de Minorbis, Juan Carlos Alférez.

En un escrito, el letrado asevera que “ha tenido conocimiento indirecto” de que la UCO “pudiere estar tomando declaraciones testificales extra-muros del proceso, sin contradicción, interdicción ni control de la autoridad judicial a cuyo cargo está la investigación criminal”.

Juan Carlos Alférez señala que, “de manera presunta, el Instituto Armado pudiere estar incumpliendo el taxativo precepto ritual que le impone la obligación de comunicar al Juzgado en un plazo máximo de 24 las diligencias que practiquen”.

Al hilo, recuerda que el artículo 295 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que, “en ningún caso, los funcionarios de la Policía Judicial podrán dejar transcurrir más de 24 horas sin dar conocimiento a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal de las diligencias que hubieran practicado, salvo en los supuestos de fuerza mayor”.

Por ello, el letrado de Minorbis pide a la jueza instructora en este escrito consultado por Europa Press que ordene a la Policía Judicial “que remita a la causa las actas de todas y cada una de las declaraciones testificales que se hayan practicado hasta la fecha a espaldas de los investigados y de sus letrados defensores”.

En este sentido, recuerda que en el caso ERE se planteó esta misma cuestión, ya que la UCO “tomó declaración a diferentes testigos y partes sin dar conocimiento a la instructora”, y la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla “resolvió en el mismo sentido que esta parte ahora postula”.

Según estableció la Audiencia en el caso ERE, “no traer al proceso esas declaraciones policiales, cuya incorporación ya estaba acordada en resolución judicial no dejada sin efecto, no solo incumple el principio de publicidad de la instrucción para las partes al no estar declaradas secretas las diligencias, sino que también puede conculcar el derecho de defensa de los imputados”.

El abogado, por ello, solicita a la juez que, además de las testificales, se ordene poner en conocimiento del Juzgado el resto de diligencias que hasta la fecha hayan practicado al haber transcurrido un “dilatado” espacio temporal desde que se encargara el auxilio judicial de la UCO, lo que la magistrada hizo mediante auto de 31 de octubre de 2016.

Frente a ello, la juez dice que “debe atenderse a la concreta labor de investigación que viene desarrollado por expresa encomienda de este Juzgado la UCO, siendo por tanto irrefutable la legitimidad de la tarea de investigación que se estuviera llevando a cabo, al estar habilitada por una previa resolución judicial que sienta su contenido y alcance”.

La instructora argumenta que, dada la “complejidad y extensión” de la presente causa, no es “razonable” exigir a la Guardia Civil “una dación de cuenta diaria, como parece pretenderse alegando el plazo de 24 horas del artículo 284 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.

No obstante, “sí debe atenderse a los recelos expuestos por la defensa de Minorbis en el sentido de que, de existir --a este Juzgado no le consta-- un cuerpo de atestado de cierta entidad correspondiente a declaraciones testificales, deben remitirse a este Juzgado a la mayor brevedad a fin de que puedan incorporarse al procedimiento, e instruir de su contenido a todas las partes personadas, dando debido cumplimiento al principio de contradicción, que debe también regir en fase de instrucción, cuando no consta declarado el secreto de actuaciones”.

Así, la juez requiere a la UCO para que “haga entrega e informe a este Juzgado del resultado de las diligencias de investigación que hubiera venido desarrollando hasta la fecha”.

Cabe recordar que el abogado Juan Carlos Alférez ha planteado esta misma cuestión en la causa de los cursos de formación, donde defiende al ex consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía Ángel Ojeda, al entender que la UCO está haciendo indagaciones a “espaldas” de los investigados y sin informar a las partes.

La Guardia Civil analiza 124.012 correos de altos cargos

Por otro lado, la Unidad Central Operativa está analizando un total de 124.012 correos electrónicos de tres altos cargos y 12 funcionarios de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio relacionados con las presuntas irregularidades en la adjudicación. En un auto, la jueza de Instrucción número 3 de Sevilla da cuenta de los cuatro informes quincenales entregados por la UCO sobre el estado de la labor de estudio y análisis de los correos electrónicos de estos altos cargos y funcionarios tras el volcado de los mismos realizado el día 12 de mayo.

En el primero de estos informes, fechado el 2 de junio, la Guardia Civil explica que, una vez obtenida una copia de todos los correos, procedió al tratado informático de los mismos para poder realizar el análisis y estudio encomendado por la magistrada, y más en concreto se modificó el tipo de archivo de cada uno de los correos.

Y ello porque este tipo de archivo “sólo era reproducible desde los propios servidores en los que se almacenaban los correos y no hacía posible su lectura mediante el software y los gestores de correo electrónico que son usados por esta Unidad, siendo convertidos en archivos con la extensión ‘.eml’, la cual es perfectamente reproducible con cualquier gestor de correo electrónico”.

Esta labor, según explican los agentes, “ha requerido acceder de manera individual a cada una de las 2.437 carpetas existentes, modificando manualmente las extensiones de los 124.012 correos electrónicos que componen las cuentas, una a una”, destacando que la cuenta con más correos es la perteneciente al ex secretario general de Industria, Energía y Minas y actual interventor general de la Junta, Vicente Fernández Guerrero, con un total de 57.977.

También destacan los 9.818 correos de la cuenta de la ex viceconsejera de Empleo, Empresa y Comercio y ex directora general de Minas María José Asensio Coto, según precisa la Guardia Civil en este oficio, al que han seguido otros tres informes quincenales, fechados el 19 de junio y los días 5 y 20 de julio.

En el informe de 19 de junio, la UCO explica que, una vez terminado el proceso de conversión a un formato que permita el montaje de las cuentas en un gestor de correo que facilite el estudio de los mismos, se ha procedido a concretar los periodos en los que “se debía centrar el citado estudio”, en cumplimiento de lo dispuesto por la juez en su auto de 27 de enero.

De este modo, los periodos en los que se ha acotado el estudio corresponden con el periodo de convocatoria del concurso, el periodo de presentación de candidaturas, el periodo de reuniones de las mesas del concurso y de la comisión técnica de la primera fase del concurso, el periodo de resolución de la primera fase, el periodo de reuniones de las mesas del concurso y de la comisión técnica de la segunda fase, y la resolución del concurso y la adjudicación.

La UCO asegura que “para evitar realizar un análisis sesgado del contenido de los correos electrónicos, el estudio debe realizarse de manera global, es decir, del conjunto de todos los correos relacionados con los hechos y que hayan sido intercambiados por los implicados durante los referidos intervalos temporales”.

A su juicio, “lo contrario descontextualizaría los periodos que son objeto de investigación dentro de los términos expuestos con anterioridad, de cuyo resultado se seguirá informando quincenalmente” a la juez, “independientemente de que se informe de manera inmediata en el caso de que las circunstancias así lo requirieran”.

En los dos últimos informes, la Guardia Civil dice que el análisis de los correos intervenidos “está proporcionando información que, una vez sea estudiada, pasará a conformar el informe que se emita”, aunque “hasta el momento no se han hallado correos que contengan elementos que hagan que se estime necesaria una dación de cuenta extraordinaria según las instrucciones dictadas” por la instructora.

“No obstante lo anterior, se continúa con el citado análisis, de cuyo resultado se seguirá informando quincenalmente a su señoría, independientemente de la dación de cuenta de manera inmediata en el caso de que las circunstancias así lo requirieran”, concluye la UCO.