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La Junta bajará el alquiler a familias que lleven hasta un año sin pagarlo

La Consejería busca así que reconozcan formalmente la deuda que tienen y frenar los impagos ante la realidad de que la mitad de sus inquilinos son morosos

El programa para reducir la cuota mensual de las viviendas públicas a quienes lo soliciten beneficiará a unos 700 residentes, según las estimaciones oficiales

  • Edificio propiedad de la Junta en el barrio sevillano de San Bernardo
    Edificio propiedad de la Junta en el barrio sevillano de San Bernardo
Marta M. Reca.  Sevilla.

Tiempo de lectura 4 min.

28 de mayo de 2017. 19:55h

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Con la mitad de sus 84.000 inquilinos señalados como morosos, las actuaciones de la Junta se encaminan en dos frentes: acabar con los impagos y obtener un reconocimiento formal de la deuda de quienes acumulan meses sin pagar el alquiler de las viviendas públicas cedidas. Este problema complica aún más la gestión de los pisos que gestiona la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA). La última acción en este sentido ha sido aprobar una resolución que permitirá reducir el alquiler a las familias que acrediten haber sufrido un revés en su economía que les impida afrontar la cuota mensual. «Por el grado de conocimiento de las familias residentes en viviendas del parque público, y aun teniendo en cuenta que son los inquilinos los que toman la decisión de solicitar el acogimiento al programa, lo que dificulta hacer estimaciones certeras, es previsible que en torno a 700 familias al año se acojan a esta vía», señalan fuentes de la Consejería de Fomento y Vivienda.

Eso les permitirá un desahogo temporal, en principio de un año, pero que podría alargarse hasta los cinco si así lo determinan los informes sociales exigidos como requisito. La medida amparará además a quienes no hayan estado pagando la renta previamente. La Junta contempla que puedan beneficiarse de una rebaja inquilinos que lleven hasta un año sin pagar –los doce meses previos–, si concurren lo que llama «circunstancias socieconómicas sobrevenidas». En concreto, la resolución publicada el 25 de abril en el BOJA especifica que «los solicitantes deberán encontrarse al corriente en el pago de todas las mensualidades devengadas sobre la vivienda de la que es titular a fecha de la solicitud, así como de cualquier otra de la que haya podido ser titular con anterioridad. Aún no cumpliendo dicho requisito, éste podrá salvarse si las cuotas impagadas corresponden a los doce meses inmediatamente anteriores, en cuyo caso podrá resolverse positivamente la determinación temporal, cumpliéndose los demás requisitos, y suscribiendo compromiso de recuperación de deuda». Éstas serían personas que efectivamente no pueden afrontar el alquiler, pero la medida también beneficiaría a quienes acumulan deudas muy anteriores, sin obligarles a saldar los pagos previamente. «No obstante –prosigue el texto– si los recibos impagados no se corresponden a los últimos doce meses, igualmente puede salvarse siempre que sea motivado mediante informe social atendiendo a las especiales circunstancias de la unidad familiar». Lo único que requiere la AVRA de nuevo es que los solicitantes firmen un escrito admitiendo la cantidad que deben por el uso de esos pisos sociales, donde la cuota media es de 34 euros al mes. Ante esta circunstancia, la consejería niega que exista un descontrol sobre la situación de sus alquilados, aunque se niega a aportar el dato concreto de a cuánto ascienden los impagos. «Existe una relación legal con los inquilinos y también una base de datos sobre el abono de las mensualidades, por lo que la deuda está controlada al detalle por la AVRA en todo momento. Ahora bien, otra cuestión diferente es que los inquilinos deudores quieran reconocer que tienen esa deuda contraída, que no todos la admiten. Por eso se les exige que firmen el reconocimiento de la deuda», señalan. E insisten en que la «AVRA tiene controlado, a través de sus sistemas informáticos, el abono de rentas por medios bancarios de cada uno de sus inquilinos».

Pese al «conocimiento de las familias residentes» que asegura tener, la consejería ignora cuántas reciben algún tipo de atención de los servicios sociales por encontrarse en una mala situación. «Son servicios municipales los que atienden y no están obligados a informar a la agencia sobre los casos atendidos de inquilinos de vivienda pública», explican.

Sevilla es la provincia con mayor número de viviendas públicas, más de 21.900. Le sigue Cádiz con más 16.200 pisos; tras ella, Málaga, que supera las 9.000; Córdoba, con 8.700; y Huelva, con alrededor de 8.400. Granada dispone de otras 7.800; Jaén, 6.700; y Almería ronda las 5.200 viviendas. En total son 350.000 personas las que viven en ellas. La AVRA presume de no tener ninguna deshabitada porque el «proceso para adjudicar la segunda ocupación cuando una queda libre es ágil», aunque permite incumplimientos reiterados de los contratos suscritos, sin garantía de recuperar el dinero no cobrado. Esto chocaría con el objetivo del citado programa, que pretendería «reforzar actitudes responsables en el disfrute del derecho a la vivienda pública, frente a usos improcedentes o abusivos».

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