La Junta contrata ahora una asesoría externa sobre expedientes del SAE

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE), ente dependiente de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio que comanda José Sánchez Maldonado, pagará por servicios externos de consultoría y asesoría jurídica sobre expedientes tramitados por ese organismo «en materia de formación de empleo en los ejercicios 2009-2012», según se puede comprobar en la plataforma de contratación virtual del Gobierno autonómico. El beneficiario ha sido Jiménez-Bonillas Abogados SLPU y la cuantía total de la contrata es de 21.538 euros. Casi ningún dato más se puede encontrar en el portal de transparencia de la Junta sobre esa adjudicación, más allá del número del expediente, de que el encargo se formalizó el pasado 23 de febrero y de que está ligado a los servicios centrales del SAE, al tratarse de un contrato menor, del que no existen pliegos. Tienen esa consideración las contrataciones de obras de importe inferior a los 50.000 euros o menor de los 18.000 si se trate de proporcionar suministros o servicios, en ambos casos IVA excluido.

Al margen de la cantidad a abonar, cabe apuntar que los expedientes sobre los que ahora se requiere asesoramiento exterior podrían formar parte de lo que investiga la comisión de investigación creada en el Parlamento regional relativa a la concesión, gestión, evaluación y justificación de las subvenciones otorgadas por la Administración de la Junta en materia de Formación Profesional para el Empleo (FPE), ya que el periodo que analiza ese órgano de la Cámara para intentar depurar responsabilidades políticas por el presunto fraude, abarca desde 2002 hasta la actualidad.

En ese ámbito, el Ejecutivo regional se ha visto obligado a volver a llevarse las cajas con documentos originales sobre los cursos que había trasladado al Parlamento, porque así lo acordaron todos los Grupos integrantes de la comisión a excepción del PSOE-A, esto es, PP-A, Podemos, Ciudadanos (C’s) e IULV-CA. Si bien, algunos partidos sí reclaman desde hace meses a la Junta determinados expedientes, los populares en concreto los cifraron en 25, que no acaban de llegar nunca.

A ello hay que sumar que documentos del SAE relativos a formación han sido reclamados por varios juzgados de la comunidad que también desentrañan lo sucedido en torno a los fondos públicos concedidos en teoría para formación, pero que fueron supuestamente mal empleados, entre ellos el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que dirige la jueza María Núñez Bolaños. En la investigación que lleva a cabo este órgano judicial en torno al presunto fraude formativo están encausados ya cuatro ex consejeros del Gobierno andaluz, Ángel Ojeda, Antonio Fernández, Manuel Recio y Antonio Ávila, junto a decenas de altos cargos de la red de las ocho provincias.