La Junta de Andalucía «ahorró» 15 millones en justicia gratuita a costa de los abogados

Los abogados de oficio atienden cada año a unas 166.000 personas. Letrados y procuradores son una parte fundamental para que personas con recursos económicos limitados puedan acudir a la justicia, o defenderse en caso de estar acusados de algún delito. La Junta de Andalucía es la responsable de garantizar este derecho, al que destinará este año 42,7 millones de euros, situando a la comunidad como la segunda de España en gasto, por detrás de Cataluña.

Es el primer ejercicio en el que la retribución a los profesionales jurídicos comenzará a recuperarse, después de decretar la Consejería de Justicia en 2012 un recorte del 10% en las tarifas y del 50% en los gastos en infraestructura de los colegios de abogados por gestionar el servicio. El compromiso es recuperar en este ejercicio un 5% y el 5% restante a lo largo de 2018.

Fue en 2012 cuando se alcanzó la mayor inversión, 41,8 millones de euros, y se superaron los 396.000 asuntos tramitados, prácticamente los mismos atendidos en 2015. Sin embargo, la diferencia presupuestaria entre ambos ejercicios fue de 3,7 millones, una rebaja del 9%. En 2013 entró en vigor la orden de la Consejería de Justicia que decretaba la quita del 10%. La Junta recortaba así unilateralmente el salario de los letrados de oficio, de forma similar a como había hecho con los funcionarios interinos y el personal temporal.

La Junta estimó en 2012 que se produciría un considerable aumento de las solicitudes de asistencia jurídica gratuita, debido a la reducción de ingresos de las familias. No obstante, las cifras se han mantenido similares: algo más de 188.000 solicitudes anuales, según los sucesivos informes del Observatorio de la Justicia Gratuita. La Administración rechaza en torno al 4% de las peticiones que recibe, mientras aproximadamente un 10% ni siquiera llegan a aceptarse.

En esos cuatro años (2013-2016) de recortes, el «ahorro» de la Junta en justicia gratuita ha superado los 15 millones de euros. «Los ciudadanos tienen un adecuado acceso a la justicia, cosa distinta es la cuestión referida a la adecuada compensación de los servicios prestados», asegura el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, José Pascual Pozo, que considera que «todo es mejorable».

Andalucía es la segunda comunidad que más destina a cubrir este derecho, aportando 38 millones en el último ejercicio. Sin embargo, se sitúa por debajo del gasto por habitante medio de España. Mientras el coste nacional es del 4,87 euros al año, la Junta invierte 4,53 euros por habitante, muy lejos de los 6,9 de Cataluña. «Los baremos de retribución de los servicios de asistencia gratuita en Andalucía están por regla general por debajo de la media de lo que se viene percibiendo en el resto de comunidades», critica Pozo.

El representante de los abogados andaluces reclama como mejora «urgente» –más allá del ámbito económico– que se proporcione «un mejor tratamiento a la asistencia al detenido y a la víctima del delito en su caso, especialmente en los supuestos de violencia de género». La falta de abogados de guardia suficientes en todos los partidos judiciales provoca «retrasos no deseables en la asistencia».

En cuanto al abono de los servicios, reconoce como un «hito en la historia del turno de oficio» que la Junta por primera vez se encuentre al día en los pagos, con un calendario a trimestre vencido «que se viene cumpliendo puntualmente».

El plazo medio de designación provisional de un profesional de oficio es «de entre cinco y diez días, y posteriormente ya se produce el reconocimiento del beneficio por parte de la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de cada provincia». Además de los abogados generales, hay turnos especializados para menores, violencia de género y extranjería. Según el X Informe del Observatorio de Justicia Gratuita, publicado el año pasado, el grueso del gasto se destinó al turno de oficio (26 millones), otros siete millones a asistencia letradas; casi cuatro en la gestión y 820.000 euros de destinaron a casos de violencia de género.

Otro caballo de batalla para los abogados es que cuando se deniegue la asistencia gratuita a una persona, ellos cobren por su trabajo, si han sido requeridos por los juzgados o impuesto legalmente. «Esta cuestión está pendiente de resolverse para que sea la Administración la que asuma el pago al letrado, y que posteriormente se lo reclame al ciudadano», aclara Pozo. Actualmente, son los propios profesionales los responsables de cobrar sus honorarios, pese a prestar un servicio público que están obligados a realizar.