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La Junta exige parte de la ayuda que costeó 357 litros de aceite de motor

La Policía acusó al empresario de cargar al curso los gastos de un taller como líquido anticongelante o baterías

El Gobierno autonómico ha tardado seis años en reclamar a Europalillo el 24 por ciento de la subvención de formación

  • Reproducción de una página del informe policial al que tuvo acceso este periódico
    Reproducción de una página del informe policial al que tuvo acceso este periódico
N. Acedo.  Sevilla.

Tiempo de lectura 4 min.

27 de agosto de 2017. 21:09h

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N. Acedo.  Sevilla. 28/8/2017

El Gobierno autonómico ha reaccionado, seis años después. La Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva ha acordado en 2017 iniciar un expediente de reintegro de una subvención de formación profesional para el empleo (FPE) que se concedió a Europalillo SLU por la cantidad de 15.990,37 euros. Así se refleja en el número 35 del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), en el que se difundió el anuncio que confirma la decisión, tras intentar notificársela a la empresa sin éxito.

Europalillo SLU es, como ya adelantó LA RAZÓN, una de las entidades que integra el sumario que en torno a las ayudas finalistas que la Junta repartió para cursos ha armado el juzgado de Instrucción número 5 de Huelva, si bien, su titular archivó provisionalmente varias piezas a la espera de que la Audiencia Provincial resuelva recursos pendientes. En concreto Europalillo percibió 66.550 euros, una subvención gestionada en el expediente 21/2010/I/23 en cuyo ámbito se le ha reclamado el 24%. ¿Para qué se le proporcionó el dinero? El desarrollo de una actividad formativa de «Mecánico de Vehículos Ligeros» de 870 horas y con un compromiso de contratación del 60%. A la Policía le llamó la atención que la mercantil se constituyera en mayo de 2010 y la solicitud de los fondos públicos se realizara menos de un mes después, el 8 de junio y que luego, generara «deudas con la Seguridad Social desde la finalización de sus relaciones con el SAE –el Servicio Andaluz de Empleo que le otorgó el incentivo el 21 de febrero de 2011–», lo que hizo pensar a los investigadores que dicha empresa nació «con la intención de la salvaguarda económica de la obtención» de la subvención y que no tenía «realmente como una de sus actividades la formación, sino más bien que fue un mero instrumento para la captación» de ayudas y «la obtención de mano de obra ‘gratuita’». El destino final de ese dinero acabó en el punto de mira judicial y la Policía lo tuvo claro tras analizar el mencionado expediente del SAE: «Se observa –sostiene en un informe que obra en poder del juzgado onubense– que utiliza la realización del curso para imputar las facturas de los gastos ordinarios de la actividad del taller durante el período de duración del mismo, incluyendo meses anteriores y posteriores». ¿De qué tipo de productos se trata? 44 garrafas con 220 litros de aceite de motor de diversas marcas, 137,5 de lo mismo pero a granel –357,5 en total–, 38 juegos de pastillas de freno y otros 10 de escobillas limpia-parabrisas, 90 litros de líquido anticongelante, 14 juegos de discos de freno, 57 unidades de filtros de aire, otras 8 de filtros habitáculo y 65 de bujías. A ello se sumaron 10 unidades de baterías de vehículo, 32 de neumáticos o tres de ganchos de remolque. Los investigadores reflejaron ese listado de ejemplos en el informe centrado en Europalillo para concluir que eran «las facturas emitidas por el taller en su devenir diario, de repuestos y mantenimiento de los vehículos que acudían al mismo» para su reparación o su puesta a punto, pese a haber sido imputadas al curso como gasto en materiales. Según sus cálculos, el global de todas produjo «un beneficio en el propietario de la entidad de 19.885,68 euros», lo que supone el 30% de la subvención, un porcentaje cercano a lo que ahora la Junta reclama a la mercantil. Además, algunas facturas fueron emitidas y pagadas meses después de que concluyera la actividad formativa, lo que vulnera lo fijado en el reglamento de facturación que obliga a expedirlas en el plazo máximo de un mes desde el término de aquélla. Al margen de los recibos, en el informe policial se defiende que hubo un «incumplimiento total», entre otros, del compromiso de contratación que conllevaba la ayuda por parte de la empresa subvencionada. Para la Policía el empresario buscó «su lucro personal» y al Ejecutivo regional se le podía acusar de algo: «Dejadez» en las tareas de control de sus fondos.

En otra resolución piden a la mercantil 20.146 euros

Existe otra referencia a Europalillos en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Se trata de un anuncio fechado en abril de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, por el que se publica una resolución de reintegro de una subvención de formación profesional para el empleo (FPE) por la cantidad de 20.145,95 euros. Según lo reseñado en el boletín, se refiere a otro expediente y dicha resolución ponía fin a “la vía administrativa», aunque contra ella se pudo interponer recurso de reposición «ante el órgano que lo dictó».

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