La Junta gasta 223.000 euros en apoyo administrativo a un ente de Educación

Más de 200.000 euros, en concreto 222.761, IVA incluido, es la cantidad por la que la Junta ha adjudicado a la empresa Eulen SA un contrato para cubrir el «Servicio de apoyo administrativo, documental y contable» a uno de sus entes instrumentales. ¿De cuál se trata? La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa (Agaeve), organismo dependiente de la Consejería de Educación que ha sido el centro de dardos sindicales por ser el encargado hasta hace un par de años de realizar las pruebas de diagnóstico con las que el Gobierno andaluz pretendía auditar la calidad de la enseñanza Secundaria y por haber absorbido parte de las tareas reservadas a los funcionarios de la inspección educativa.

El vicepresidente de APIA, Javier Puerto, lo tiene claro: «La Agaeve forma parte de la ‘Administración paralela’ de la Junta y su cometido era ‘cocinar’ los datos de unas supuestas evaluaciones externas para establecer el nivel de los alumnos andaluces». La agencia «era juez y parte», por lo que desde APIA pusieron en duda su «objetividad» para llevar a cabo una labor que, pese a todos los artificios, o tal vez por ellos; nunca logró colocar al sistema educativo regional en puestos de cabeza de los rankings nacionales e internacionales. Puerto censura la propia existencia de una Agaeve que no saben «muy bien» a «qué se dedica ahora». Preguntado por la mencionada adjudicación, accesible en la plataforma de contratación de la Administración, lamenta que «se le dé ese dineral a una empresa externa y luego no haya fondos para impedir que más de 4.000 profesores de Secundaria estén en la calle, para devolver a los profesores la parte de la paga extra que se les debe, como ya se ha hecho en otras comunidades»; o para suprimir las aulas prefabricadas, las llamadas «caracolas», en los colegios públicos. Reproche este último que comparte el presidente del sector de la Enseñanza de CSIF-A, Francisco Hidalgo, quien a la lista de lo vetado por falta de presupuesto suma «los recortes que los funcionarios hemos soportado durante varias legislaturas o el evitar que los profesores de pedagogía terapéutica, por ejemplo, estén simultaneando centros, cuando son necesarios en exclusiva en muchos de ellos». Hidalgo cree que «se gasta con mucha alegría en ciertas cosas» que evidencian «una priorización equivocada de los recursos económicos». «En CSIF estamos en contra de la creación de agencias como la Agaeve porque todo lo que sea externalizar servicios de Educación contribuye a crear nuevas estructuras que suponen gastos», expone para añadir: «Es más rentable y práctico que esos servicios los preste la propia consejería. El desembolso éste de más de 200.000 euros es doblemente grave ya que debe haber personal para asumir esas funciones y, si no lo hay, que se saquen vacantes a concurso y se cubran», lanza.

La diputada andaluza de Podemos Libertad Benítez se une a la polifonía: la Agaeve es «un ente externo, un chiringuito de ‘enchufados’» que tiene entre sus funciones «evaluar el aspecto del sistema educativo autonómico, es decir, lapidar dinero público creando comisiones de expertos que, a su vez, crean más comisiones de expertos. Es un instrumento de evaluación para la autocomplacencia» sin cabida para la «crítica» que permitiría mejorar. Su partido aboga por que estos entes, «que suponen «más privatización», desaparezcan. Recuerda que en la primera comparecencia parlamentaria de la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, la instaron a «cuestionar su existencia» per sé y a que «reconozcan la labor de la inspección como un cuerpo que asesore para la innovación educativa y no como un cuerpo configurado para el control». No hay tiempo que perder.