martes, 30 mayo 2017
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Andalucía

“Recortes en sanidad”

La Junta intenta desactivar las protestas con nuevas reuniones

  • Salud negociará en enero en Huelva con sindicatos al margen de los colectivos críticos

Con una nueva jornada reivindicativa contra los recortes sanitarios y las fusiones hospitalarias en el horizonte –el próximo 15 de enero en Granada, Huelva, Málaga y Sevilla–, la Junta intensifica sus esfuerzos para intentar desactivar las protestas. Y lo hace anunciando reuniones con los sindicatos y las plataformas de profesionales, dejando a un lado a los colectivos convocantes de las manifestaciones. El consejero de Salud, Aquilino Alonso, anunció ayer que miembros su departamento mantendrán un encuentro con las centrales sindicales y los representantes de los sanitarios onubenses a comienzos del próximo año, justo antes de la convocatoria de la protesta, para tratar los déficits de la sanidad pública de la provincia. Así lo aseguró tras participar en Sevilla en la presentación del XX Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria, subrayando que todas las partes están «muy cerca» de llegar a un acuerdo. «Avanzamos para mejorar la asistencia sanitaria y aumentar la cartera de servicios para evitar que los onubenses tengan que desplazarse a Sevilla para ser atendidos», reconoció. El último encuentro de esta naturaleza tuvo lugar el pasado 20 de diciembre, cuando por primera vez la plataforma «Huelva por una sanidad pública», liderada por la médico Julia Paloma Hergueta, tuvo la oportunidad de plantear sus reivindicaciones al gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), José Manuel Aranda. Justo después de este encuentro Aranda mantuvo otro con sindicatos y representantes de los hospitales. Según confirmó Hergueta a LA RAZÓN, el colectivo que representa no ha sido convocado a la nueva reunión, por lo que sigue reclamando un encuentro con Alonso para plantearle las necesidades de la sanidad pública onubense y los efectos que está teniendo la fusión de los hospitales Infanta Elena y Juan Ramón Jiménez.

Alonso, no obstante, sí se reunió con la plataforma crítica granadina, abanderada por Jesús Candel «Spiriman». Precisamente, el consejero rechazó los «insultos y descalificaciones» que, tal y como relató, ha recibido el principio acuerdo alcanzado en la capital nazarí. Un pacto del que se desvincularon el Sindicato Médico, USAE y el propio Candel al considerar que no recoge la principal reivindicación que vienen planteando en las redes sociales: dos hospitales completos con carteras de servicios diferenciadas. Alonso señaló que en las redes sociales «hemos visto ningunear el acuerdo que hemos alcanzado con sindicatos, además se ha criticado a quien opina de forma diferente». Por contra, defendió que «se debe escuchar, hacer planteamientos rigurosos y basados en datos científicos» porque «el insulto por el insulto no lleva a ningún sitio ni mejorará la asistencia sanitaria». «Hay que plantear las discrepancias y las alternativas», insistió.

Así las cosas, señaló que el Gobierno andaluz está dispuesto a hablar con todas las personas y con las organizaciones que consideren oportuno. «Nuestra voluntad es negociar con representantes sindicales, seguiremos hablando con ellos, independientemente de que sigamos hablando con las organizaciones que así lo quieran». De esta manera, «seguiremos reuniéndonos con los sindicatos para progresar en nueva organización de los hospitales de Granada».

Igualmente, reclamó que todos «trabajemos de una forma constructiva y no solo de manera destructiva, utilizando algunos mecanismos como el insulto, que no es la fórmula más adecuada para negociar y dar una adecuada atención a la ciudadanía».

De otro lado, el consejero aseguró también que espera que el acuerdo con la empresa José Manuel Pascual Pascual se cierre a principios de año y que «se cumpla por todas las partes», después de que la dirección y la Junta acercaran recientemente posturas. En este sentido, confió en que este acuerdo «sea definitivo», para seguir garantizando la asistencia sanitaria especializada en El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda y Villamartín, en la provincia de Cádiz. El consejero recordó que tendrá que ser aprobado en Consejo de Gobierno.

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