viernes, 28 julio 2017
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Andalucía

El Gobierno andaluz tiene intención de seguir recortando en 2014 las pagas extra a sus 261.000 funcionarios, pese a que esta medida acababa en 2013, según el Plan de Reequilibrio Económico Financiero visado por el Ministerio de Hacienda en 2012. También congelará la asignación de 480 millones de euros para los ayuntamientos en concepto de participación en los tributos de la comunidad autónoma (Patrica).

Así lo reveló ayer la vicesecretaria de Organización del PP-A, Ana María Corredera, al asegurar que le «consta» por el anteproyecto de la Ley de Presupuestos que ha enviado la Junta al Consejo Consultivo y que pretende aprobar la Junta el martes en Consejo de Gobierno. Este periódico está en disposición de señalar que efectivamente la Junta contempla ambos recortes, aunque hasta que la ley vea la luz pueden producirse cambios. De hecho, es conveniente recordar lo que ocurrió el año pasado. La Junta mandó al Consultivo un texto en el que recogía una partida para los ayuntamientos por participación en la cesta de impuestos regional de 540 millones de euros. Sin embargo, cuando el anteproyecto salió del Consejo de Gobierno hacia el Parlamento la cantidad reflejada era de 480 millones. En un escenario en el que PSOE e IU están pugnando por la parternidad de las medidas más sociales y progresistas, no hay que descartar ninguna opción. Entre ellas, que en los próximos días el Ejecutivo rectifique y dé marcha atrás.

La medida supone un ahorro sustancial para la Junta pero no inasumible en caso de rectificación. El Plan de Reequilibrio recoge para 2013 la eliminación de los complementos adicionales de las dos pagas y la reducción de un 10 por ciento de las percepciones variables, lo que equivale a un promedio de la mitad de cada paga extra. El impacto de la medida es de 142,8 millones de euros. El presupuesto andaluz ronda los 30.000 millones. Y sólo en transferencias y subvenciones a empresas públicas la Junta ha dedicado este año más de 3.000 millones de euros. Un área señalada por los sindicatos para meter la tijera en lugar de deslizarla sobre los funcionarios andaluces, que son los únicos, junto a los catalanes, que han sufrido este año el recorte de las dos pagas. El Gobierno central suprimió la de Navidad de 2012. Pero en 2013 no ha hecho ningún tipo de ajuste a los funcionarios del Estado. La Junta sí ha mantenido la medida alegando que era la única vía posible para mantener 24.000 empleos.

Hace semanas que hay un rumor creciente en el seno de los sindicatos sobre el recorte de las pagas extra. La caja de pandora la acabó de abrir la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, el pasado 1 de octubre, en una comparecencia tras la reunión del Consejo de Gobierno. Una periodista le preguntó si podía mandar un mensaje de tranquilidad a los funcionarios en cuanto a sus percepciones salariales. La respuesta fue directa: «Tranquilidad ninguna, con las cifras que acaba de presentar el Gobierno. A la administración andaluza no le cabe grasa para seguir adelgazando».

A las cifras a las que se refería eran a las de los Presupuestos que había presentado el Gobierno central. La Junta se escuda en que las cuentas del Estado le obligan a hacer un ajuste adicional de 1.200 millones de euros, contando el estrecho margen de déficit para 2014 del 1 por ciento y la reducción de entregas a cuenta y de los fondos de solidaridad interterritorial. Este último concepto, por la aminoración de la recaudación tributaria.

Quedó en suspenso la decisión de la Junta porque al día siguiente la presidenta de la Junta, Susana Díaz, aseguró solemnemente en un acto en el hotel Ritz de Madrid que los funcionarios no iban a sufrir «nuevos recortes». Era una fórmula trampa. Luego se ha demostrado que a lo que se refería la Junta no es a la restitución de las dos pagas, sino a que no habría nuevos recortes sobre los ya efectuados este año.

Quien queda en una posición más complicada es Izquierda Unida. Cuando se aprobó el plan de reequilibrio en 2012, Valderas dijo que transigía por no existir otro camino que el ajuste salarial, pero que sería el último recorte que consentiría.

Los sindicatos emprendieron además una ofensiva en los juzgados para que la Junta devolviera una parte del recorte aplicado en la paga de Navidad de 2012. Los 45 días que van desde el uno de junio hasta el 14 de julio en el que entró en vigor el Real Decreto del Gobierno. Hay tres comunidades –Extremadura, Navarra y el País Vasco– que devolvieron la extra recortada. Andalucía no atendió la petición.

CSIF-A emitió ayer un comunicado. Advierte a la Junta de que tendrá «cumplida respuesta si vuelve a atacar a los empleados públicos». En la Mesa General del próximo lunes volverá a exigir una hoja de ruta para que la Junta devuelva lo retraído en 2012 y 2013.

La Junta modifica su plan de ajuste y  prevé recorte de pagas a funcionarios
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