«La Junta no tiene interés en demoler el Algarrobico ahora mismo»

Un abogado asevera que «gana tiempo» en los tribunales para no hacerlo

Activistas de Greenpeace volvieron la semana pasada a la costa de Carboneras (Almería) para defender que los terrenos sobre los que se eleva el hotel del Algarrobico, y por ende éste, «son propiedad» del Gobierno andaluz, a cuya presidenta, Susana Díaz, le pidieron que «tire» ya la edificación a medio acabar y se proceda a restaurar «el entorno del parque natural del cabo de Gata-Níjar». La organización conservacionista cree que el tiempo de cocción del desmantelamiento del establecimiento hotelero «ha sido más que suficiente» y urgió a acometerlo de una vez. Pero, desde el lado del Ejecutivo autonómico, en concreto el titular de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, aseveró que la «intención inequívoca» de la Junta es «derribar». Según el consejero, no lo han hecho todavía porque esperan a que el Tribunal Supremo (TS) resuelva un recurso de casación que permita «seguir la vía administrativa y comenzar la licitación de las obras de demolición». Un argumento que no convence a un abogado que ha estado implicado en varios de los procesos judiciales que ha protagonizado el Algarrobico desde hace más de una década: José Ignacio Domínguez. El letrado explica a LA RAZÓN que, en efecto, el Ejecutivo regional presentó un recurso ante el TS después de pretender que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) les entregara el hotel». «Éste les dijo que eso excedía de sus competencias y les indicó que tenían que recurrir a la vía civil –añade–. Pero en lugar de hacerlo, optaron por el Supremo para dar largas al asunto», dispara Domínguez. A su entender, «podían haber recurrido al TS si así lo habían decidido pero, al mismo tiempo, iniciar el pleito civil». No lo hicieron y para el representante legal de varias organizaciones ecologistas en el magma de causas ligadas al esqueleto de hormigón, ello evidencia que el Gobierno andaluz «no tiene ningún interés en demoler el Algarrobico ahora mismo» y que, «lo que están haciendo en los juzgados es ir ganando tiempo». Domínguez recuerda a este periódico que la primera sentencia del TSJA que declaró legal el derecho de la Junta para ejercer el retracto sobre los terrenos en los que se construyó el hotel y acceder a su propiedad «es de 2013» y con posterioridad, «otras dos del Supremo lo confirmaron». Dicho de otro modo: «Hace cuatro años de aquello y las obras para derruir el Algarrobico podían haberse iniciado ya», mantiene. Echarlo abajo no saldrá gratis. De acuerdo a un informe elaborado por la empresa pública Tragsa costará unos 7 millones de euros –más de 7,3, según Greenpeace–, incluida la restauración de la zona. La Junta deberá hacerse cargo de la mitad y la otra será asumida por el Ejecutivo central.