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La Junta pagará a la Sareb el arreglo de los pisos que le ceda

La entidad bancaria y la Consejería de Fomento, que desembolsará por ellos 40.000 euros al mes más costes, cierran el acuerdo para entregar 400 viviendas durante cuatro años.

  • El Defensor del Pueblo (c) había urgido al consejero de Fomento (i) a resolver la cesión de las viviendas sociales del «banco malo».
    El Defensor del Pueblo (c) había urgido al consejero de Fomento (i) a resolver la cesión de las viviendas sociales del «banco malo». / Manuel Olmedo
Marta M. Reca .  Sevilla.

Tiempo de lectura 4 min.

07 de agosto de 2016. 09:45h

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Marta M. Reca .  Sevilla. 7/8/2016

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Cuatrocientos pisos cuya ubicación está por determinar y al menos la mitad sin inquilinos. Ése es el trazo grueso del acuerdo que han cerrado la Junta de Andalucía y la Sareb –el llamado «banco malo»– para destinarlas a alquiler social para familias con dificultades. Las negociaciones eran conocidas pero quedaba por cerrar definitivamente los pormenores del convenio, incluyendo el número de viviendas que finalmente se reservarían a este fin.

El acuerdo supone que la entidad cederá «en usufructo temporal un número limitado de viviendas para su puesta en régimen de alquiler por parte de las instituciones autonómicas competentes». Se priorizan las que estén situadas «en las zonas donde la problemática social de la vivienda es más aguda», según reza el texto.

No obstante, solo garantiza que la mitad se encuentren sin inquilinos. La Junta podría recibir hasta la mitad ocupadas, lo que limitaría su función social ya que no permitiría el realojo de familias que lo requieran. Esto supone además una dificultad añadida porque tendría la responsabilidad de regularizar la situación de dichos inquilinos, que pasarán de no abonar nada por su alquiler a tener que afrontar como poco 150 euros al mes. Independientemente de que lo consiga, la Consejería deberá pagar 75 euros mensuales por cada uno.

Según refleja el convenio, puede darse el caso de que sean los propietarios desahuciados –a la espera de culminar el lanzamiento judicial– quienes vivan en la casa; que un inquilino con deudas no la haya abandonado; o lo que denomina «ocupaciones en precario», es decir, que hayan sido asaltadas. Todas esas situaciones se «regularizarían» fijando un alquiler asequible para los afectados.

La cuota mensual acordada entre la Consejería de Fomento y Vivienda y la Sareb oscila entre los 125 euros si los pisos están vacíos cuando se produzca la transacción o 75 euros mensuales en caso de que estén habitados. La Junta, eso sí, deberá afrontar los pagos trimestralmente, independientemente de que los inquilinos cumplan con sus cuotas. La Sareb se garantiza así unos ingresos mínimos mensuales de 40.000 euros, en base a un cálculo que suponga la mitad de las cesiones con inquilinos y el resto vacías –15.000 al mes por viviendas ocupadas y otros 25.000 por las no habitadas–. Por su parte, la Consejería cobrará a los beneficiarios un mínimo de 150 euros y un máximo de 400, no pudiendo superar la renta el 30% de los ingresos netos de la unidad familiar. Los contratos podrán ser por un período de hasta tres años.

El acuerdo establece que en la gestión se incluirá a los ayuntamientos, pero será siempre la Junta quien responda del cumplimiento de los términos fijados, en concreto la Agencia Andaluza de Rehabilitación, según se explicita. Descarga además en la Administración la responsabilidad del mantenimiento de las viviendas, así como de las acciones judiciales necesarias en caso de impago u ocupación ilegal de los inmuebles.

La Sareb obtiene como contrapartida beneficios como que la Junta se compromete a devolverle libre de inquilinos las viviendas cuando expire el contrato, en 2020, para que «tome plena posesión de las mismas» –con posibilidad de prórrogas anuales si así lo acuerdan ambas partes–. Los gastos para habilitarlas corren a cargo de ambas entidades al 50 por ciento, que han fijado un desembolso máximo por unidad de 7.000 euros. El convenio contempla también la distribución de los gastos derivados del mantenimiento de los pisos. A cuenta de la Sareb correrán los seguros de daños y responsabilidad civil; la comunidad; las tasas vinculadas a la propiedad como el IBI; así como reparaciones si tienen carácter extraordinario.

La Consejería de Fomento y Vivienda, por su parte, debe asumir el coste de la cédula de habitabilidad; el certificado de eficiencia energética; el mantenimiento ordinario y la asistencia técnica al arrendatario; y los gastos derivados de la gestión y administración de los alquileres, junto a la representación en las comunidades de propietarios. Para todo ello, contará con una comisión de seguimiento con representantes de ambas partes, con obligación de reunirse al menos dos veces al año.

La Sareb se creó para gestionar los activos transferidos por las entidades bancarias sometidas a procesos de reestructuración o disueltas, dándoles salida al mercado. Esto la convirtió en poseedora de miles de inmuebles por toda la geografía española; en Andalucía, en concreto, posee en torno a 12.000 activos inmobiliarios, según datos facilitados por la entidad, aunque no todo son viviendas.

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