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La Junta rechaza la ley de Podemos sobre mejora térmica de los colegios y se remite a su plan de climatización

La Razón.  Sevilla.

Tiempo de lectura 2 min.

26 de septiembre de 2017. 20:53h

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El Consejo de Gobierno rechaza la toma en consideración de la proposición de ley para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos andaluces mediante técnicas bioclimáticas y uso de energías renovables, presentada por el grupo parlamentario de Podemos Andalucía. A juicio del Ejecutivo andaluz, la iniciativa legislativa «obvia» la estrategia emprendida por la Consejería de Educación para climatización sostenible, eficiencia energética y mejora de las condiciones de los centros docentes públicos de la comunidad. Señala el Gobierno que ya se lleva a cabo el Programa Específico de Climatización Sostenible y Rehabilitación Energética, que marca los pliegos de prescripciones técnicas de licitaciones de la Agencia Pública Andaluza de Educación, a lo que se suma una guía de recomendaciones para la rehabilitación energética de edificios educativos.

El portavoz del Ejecutivo, Juan Carlos Blanco, incidió en que este programa recoge un diagnóstico previo de la situación en más de 4.500 centros escolares públicos andaluces, con alrededor de 6.000 edificios diferentes, en colaboración con las entidades locales y las asociaciones de madres y padres del alumnado. Las consejerías de Educación y Empleo, Empresa y Comercio realizan también un inventario sobre eficiencia energética en los inmuebles docentes.

El plan de choque puesto en marcha este verano apenas ha llegado al 1% de los colegios, con una inversión de 2,5 millones, priorizando las comarcas donde se producen temperaturas más elevadas y se aplican las soluciones técnicas más adecuadas.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno aprobó el decreto que regulación el procedimiento de selección de los directores de colegios públicos, favoreciendo la profesionalización. Las principales novedades atañen al proceso de selección, evaluación y formación; además, se recupera la participación de los centros y de sus consejos escolares en estos procedimientos, paliando así algunos efectos de la reforma educativa, mejorando en definitiva la participación en el proceso.

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