Educación

La Junta «retuvo» con fines políticos instrucciones del Ministerio sobre las becas

La Plataforma de Atención Temprana lamenta un «uso miserable» de los menores

Adelaida de la Calle, consejera de Educación, en la visita a un colegio público
Adelaida de la Calle, consejera de Educación, en la visita a un colegio públicolarazon

La Plataforma de Atención Temprana lamenta un «uso miserable» de los menores.

La Consejería de Educación «retuvo» durante una semana instrucciones del Ministerio respecto a los requisitos exigidos para acceder a la becas de los alumnos con necesidades educativas especiales. Así lo denuncia la Plataforma de Atención Temprana, a través de su portavoz, Antonio Guerrero, quien lamenta que la Junta hiciera un «uso miserable de los menores como instrumento político».

Guerrero explicó a LA RAZÓN que el modus operandi elegido por la Consejería tenía como objetivo formar un «revuelo mediático a costa de dejar a miles de niños sin becas» en toda Andalucía. Los hechos se remontan a finales de septiembre, cuando la propia consejera, a tres días de la finalización del plazo de solicitudes, advierte de que se avecinaba un problema. Alertado por padres y madres de toda la comunidad, Guerrero contactó con miembros del PP-A, incluido Juanma Moreno, para concertar una cita en Madrid el día 27 en el Ministerio de Educación –quien fija los criterios de las ayudas– con el secretario general de Universidades, Jorge Sáinz González, y la diputada nacional Sandra Moneo. Según Guerrero, «la Junta estaba haciendo una interpretación restrictiva y torticera» de la convocatoria de estas becas de carácter nacional, exigiendo «en absolutamente todos los casos el certificado de discapacidad» cuando hasta ahora para el trastorno grave de conducta bastaba con el certificado emitido por los equipos de orientación escolar o departamentos dependientes de la Administración. La plataforma pidió al Ministerio que se aplicasen los mismos criterios que en 2015 y una ampliación del plazo de presentación de documentación, pues había «familias angustiadas». El secretario general entendió y consideró razonable la petición porque un menor con síndrome de down, TEA o Asperger no cambia de un año a otro, admitiendo, eso sí, que en próximas convocatorias se podrían introducir cambios . Ese mismo día se cursaron las pertinentes instrucciones a la Junta en respuesta a la alarma social suscitada y sendos comunicados públicos notificando que «habiéndose dado algunas instrucciones aclaratorias y con el fin de garantizar que ningún estudiante se vea privado de presentar en tiempo y forma la solicitud se prorrogaba el plazo». La Consejería de Educación, no obstante, siguió exigiendo el certificado de discapacidad, negándose incluso a recoger la solicitudes. Hasta el día 4 de octubre, «¡a dos días de cumplirse la ampliación del plazo prorrogado!», el Servicio de Orientación Educativa no confirmó que se habían recibido las instrucciones del Ministerio para que se recojan «todas las becas de alumnos con NEE».

Una semana de angustia

La indignación de Guerrero, sin entrar en si la convocatoria estaba bien o mal redactada, está justificada. «No fue fácil, pero llegué a Madrid sabiendo adónde llamar. ¿Qué le habría costado a la consejera de Educación hablar con el secretario de Estado o el mismísimo ministro para aclarar el entuerto y que las familias no hubiesen sufrido todo ese tiempo?». La convocatoria, de hecho, se publicó el 8 de agosto. La norma no obligaba a exigir «sí o sí» el certificado de discapacidad, pero la interpretación de la Junta fue otra. «Niños sin beca, igual a escándalo nacional, igual a guerra de partidos, a más recortes del PP, niños andaluces discriminados...», señala Guerrero, quien insiste en que la Plataforma de Atención Temprana es «apartidista» y «siempre abrirá los brazos a quienes apoyen a los niños». «No vamos a consentir el uso de los menores como instrumento político, negándoles ayudas a las que tienen derecho. La consejera retuvo una semana las instrucciones y fue la causante de la angustia de las familias».

La relevancia de estas ayudas radica en que en muchos casos permiten acceder a las terapias que el sistema les niega por haber superado los seis años y quedar fuera de la atención temprana. «Si el Gobierno me hubiese dicho ‘no’, habría ido a San Telmo y le hubiese preguntado a Susana: ‘¿Qué estás permitiendo?’», concluye Guerrero.