La Junta se salta la Ley de Transparencia al negar al PP datos de los ERE y los cursos

El Partido Popular lleva más de un año tratando de conocer cuánto dinero se ha recuperado de los dos principales casos de corrupción. Acudió al Portal de Transparencia, pero el Ejecutivo tampoco responde en el plazo reglamentario.

El alegato final del ex presidente José Antonio Griñán en su comparecencia en septiembre de 2012 en la comisión de investigación de los ERE fraudulentos lo centró en la promesa de que la comunidad contaría con la Ley de Transparencia más avanzada de España. El Parlamento aprobó esa ley por unanimidad en junio de 2014, con Susana Díaz al frente de San Telmo y con Griñán cerca del Tribunal Supremo.

La norma expresa claramente en su artículo 31 el deber de auxilio y colaboración de las administraciones públicas: «Las entidades sujetas a esta ley establecerán en sus respectivas plataformas de información y guías de orientación, para facilitar a las personas que deseen ejercer el derecho de acceso, la orientación necesaria para localizar la información que solicitan y los órganos que la posean». Y en el artículo 32 detalla los plazos concretos para ofrecer los datos requeridos por los ciudadanos: «Las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En todo caso, en el ámbito de la Administración de la Junta y sus entidades instrumentales, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de 20 días hábiles (...), prorrogables por igual periodo en el caso de que el volumen o la complejidad de la información solicitada lo requiera».

En la práctica la ley no se cumple. La Junta de Andalucía se salta su propia norma. El PP se ha visto obligado a presentar dos reclamaciones ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, un órgano creado al amparo de esta norma. La Junta ha agotado los 40 días reglamentarios sin ofrecer ninguna información sobre las cantidades que ha recuperado como consecuencia de los expedientes de reintegro abiertos en los ERE y la formación, los dos casos más relevantes que afectan al Ejecutivo andaluz por las imputaciones y el dinero objeto de investigación judicial. El montante defraudado en los ERE alcanza los 850 millones de euros, mientras que en la formación hay en torno a 3.000 millones de euros bajo lupa judicial.

Los datos los ofreció ayer la portavoz de Empleo del PP-A y miembro de la comisión de investigación, Teresa Ruiz-Sillero. El director del Consejo de Trasparencia y Protección de Datos, Manuel Medina, le comunicó el pasado 25 de julio que el órgano ya tenía constancia de la reclamación interpuesta por el Partido Popular. Se inicia ahora un periodo de tramitación que debe acabar con una resolución en el plazo máximo de tres meses.

Teresa Ruiz-Sillero detalla en el escrito que la primera solitud de información, a través del Portal de Transparencia, la cursó el pasado 15 de mayo. Iba dirigida a la Consejería de Hacienda, por ser «la responsable del control del estado de ingresos y de la ejecución de los Presupuestos», pero posteriormente –el 25 de mayo– le comunicaron que la Consejería competente era Empleo, de la que es titular José Sánchez Maldonado. El 17 de junio le comunicó la Secretaría General de Empleo que iba a hacer uso de la prórroga de 20 días que contempla la ley. Transcurrido este tiempo sin obtener respuesta, es cuando la diputada del PP decide recurrir al Consejo de Transparencia. «La persistencia en negar esta información por parte de la Junta no es nueva. Dada mi condición de diputada en el Parlamento se ha intentado de manera infructuosa obtener dichos datos desde hace más de un año, con la aprobación, incluso, el 10 de marzo de 2016, de una Proposición no de Ley en comisión con el compromiso expreso del Gobierno andaluz de ofrecer esa información, la cual sigue sin llegar», recoge el escrito.

El consejero de Empleo no aclaró, en su comparecencia en la comisión de la formación, el pasado 31 de mayo, cuánto dinero había vuelto a las arcas públicas de estos dos casos de corrupción. Sí dijo que la Junta había reclamado 90 millones a las empresas que cometieron irregularidades en la gestión de los cursos. Posteriormente la presidenta de la Junta sí dio el dato de que su Gobierno había recuperado tres de los 90 millones. Uno en fase voluntaria y dos en fase ejecutiva. El PP no se conforma con una información solo «de palabra».

Un coste de 1,2 millones al año de dudosa utilidad

Llevar a cabo las acciones de transparencia tiene un coste importante para las arcas públicas. En el Presupuesto de este año hay consignados 1.241.806 euros. Concretamente, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía contempla 687.806 euros para gastos de personal, 277.000 para gastos corrientes en bienes y servicios y otros 277.000 en inversiones. El propio Gobierno andaluz ha admitido en alguna ocasión que el portal a través del que se suministran los datos es mejorable. Contiene información que antes se ocultaba como las indemizaciones y cesantías que cobran los miembros del Consejo de Gobierno, pero falta mucha otra. Las empresas de la denominada «administración paralela» siguen en la penumbra informativa, en cuento a número y retribución de personal. La Junta tampoco publica todos los decretos y anteproyectos de ley.