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La Junta tarda tres años en elaborar una ley de Formación Profesional de corta y pega

El Consejo Económico y Social dictamina que el anteproyecto de la nueva norma, anunciada en 2014, «apenas tiene carácter innovador»

Aboga también por que la gestión de la formación para el empleo vuelva al SAE para mejorar su conexión con el mercado laboral

  • En primer término, la consejera de Educación, Sonia Gaya, y el de Empleo, Javier Carnero
    En primer término, la consejera de Educación, Sonia Gaya, y el de Empleo, Javier Carnero / Ke-Imagen
N. Acedo.  Sevilla.

Tiempo de lectura 5 min.

17 de septiembre de 2017. 21:19h

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N. Acedo.  Sevilla. 18/9/2017

Sucedió el mismo día. El pasado 15 de septiembre la Junta recordó en una nota colgada en su página web con motivo de la inauguración por parte de la presidenta, Susana Díaz, del nuevo curso académico en un instituto de educación Secundaria (IES) de Mairena del Aljarafe (Sevilla) que durante el actual periodo académico llegará al Parlamento la futura Ley de Formación Profesional de Andalucía, que «permitirá la creación de un modelo donde la FP del sistema educativo y la FP para el empleo se gestionen con una visión global». Fue prometida como una revolución en el panorama nacional que vendría a poner orden tras el escándalo de los cursos. Esa misma jornada está fechado el dictamen del Consejo Económico y Social de Andalucía (CES) con un poso de crítica aprobado por el pleno del organismo sobre aquel anteproyecto normativo.

El consejo se muestra a favor de que la comunidad sume una ley que «ya fue anunciada en el año 2014», pero cuyo anteproyecto analizado «no cuenta aún», tres años después, con «el preceptivo trámite de valoración del Consejo Andaluz de Formación Profesional». Antes de proponer observaciones concretas al articulado de la norma y una «revisión general» desde el punto de vista «ortográfico y de puntuación», el CES encara el texto para encadenar una serie de advertencias tras revisarlo. Una de ellas pasa por la necesidad de que la ley «contenga la habilitación de un plazo para su necesario desarrollo reglamentario y garantizar el principio de eficacia jurídica y de buena regulación». A ello añade que, pese a que se pretende reglar por primera vez en la comunidad la «formación profesional de forma integral», lo que podría suponer «una oportunidad» para tener «un marco regulador pionero y consensuado» sobre el asunto, dentro del ámbito competencial autonómico; el anteproyecto «apenas tiene carácter innovador ni en lo que se refiere a la formación profesional para el empleo» ni en lo relativo a lo engarzable en «el marco del sistema educativo». De hecho, desde el consejo se asevera que «gran parte de su articulado es traslación del contenido de normas estatales e incluso de normas autonómicas», lo que lleva al ente asesor a remarcar el «uso excesivo de ‘lex repetita’ -construir una ley con retazos de otras normas, un corta y pega-»; una observación que se repite en los últimos dictámenes. Matiza, con todo, que hay una excepción a la falta de novedad: la regularización de la estructura organizativa y de participación social en el Sistema de Formación Profesional, así como su planificación y control, que «sí tiene un carácter más innovador». No obstante, en este punto el CES llama la atención sobre que algunas de las vías abiertas busquen «desligar la frontera, especialmente en lo que se refiere a recursos humanos, entre la formación profesional del sistema educativo y para el empleo, casi desbordando las propias potestades» de la región.

El órgano asesor extrae además de la maraña la referencia temporal 2018-2020 que se señala en la memoria económica que acompaña al anteproyecto para anotar que pudiera tratarse «más de un plan de actuaciones que de una ley». Entiende que tal vez se deba a que «marca como periodo temporal inicial el de su previsible entrada en vigor, fundamentando los posteriores años en la oportunidad» que pueda suponer la ley para «el cumplimiento de la Estrategia Europa 2020», en otra nacional y en los fines fijados en la «Agenda por el Empleo. Plan Económico de Andalucía 2014-2020» del Ejecutivo autonómico. Pero, en cualquier caso, insta a «aclarar este extremo en aras de una mayor transparencia, información y definición» del texto legal.

Considera el consejo «muy acertado», sin embargo, el punto en el que se habla de «garantizar una financiación suficiente, estable y equitativa de la formación profesional» y augura que «probablemente» ello supondrá «una importante remodelación de los futuros presupuestos de la Junta». De ahí que, a juicio del pleno, «sea fundamental» la «evaluación que se realice sobre esta ley» y que el Gobierno andaluz «atienda a criterios de consenso respecto de otras actuaciones que puedan verse modificadas».

Junto a lo anterior, el CES anima a la Junta a que la alusión a la concurrencia competitiva que se hace recoja «aspectos relativos a la calidad del servicio que se presta» para que aquélla no se reduzca a una mera poda «de costes». «Sin duda –plantea en su dictamen–, supondría un avance y una apuesta por implementar las cláusulas sociales en toda la Administración, en línea con el Acuerdo de 18 de octubre de 2016, del Consejo de Gobierno» para los contratos que se formalicen en la región.

No se queda ahí el órgano consultor. Entiende que la participación de «todos los actores públicos y privados» que parece «desprenderse de la exposición de motivos», no se ha desarrollado luego correctamente en el articulado. Echa en falta, asimismo, que no se indique la obligatoriedad de cumplir las previsiones del artículo 83 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, en relación a la firma de los convenios entre las corporaciones locales que vayan a crear o suprimir centros de su titularidad y la Junta. Como se hace necesario que en la norma «se garantice que existan los centros suficientes para que pueda generalizarse esta formación en términos de igualdad a toda la población que lo requiera», en especial, en lo concerniente a la oferta del sistema educativo.

Otras dos ausencias «restan valor» a la ley para el CES: de un lado, no comparte la decisión de la Consejería de Educación –la que solicitó su dictamen– de eliminar el articulado referido a sus fines. De otro, estima que le daría «un plus» un «texto regulador en materia de infracciones y sanciones administrativas», dada su «trascendencia social». Ambos aspectos, dice, estaban recogidos en borradores anteriores. Por último, aboga por que la norma –que según adelantó Ciudadanos (Cs), aliado de gobierno del PSOE-A, debe entrar en la Cámara este mes–, sirva para que la formación profesional para el empleo en el marco laboral «vuelva a ser gestionada por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), junto al resto de las políticas activas», lo que contribuiría a mejorar su eficacia y su conexión con las necesidades del mercado de trabajo.

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