La pesca se deja 15 millones en las lonjas

La venta de pescado en los puertos cayó un 10% en 2016. El sector, acuciado por los paros y la competencia desleal, augura que «irá a peor»

«Con las cuotas de pesca establecidas, la limitación por talla, las zonas de protección de puesta de los peces... ¿cómo vamos a vender?». El presidente de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores transmite el desasosiego que vive el sector, cuyo primer reflejo es la evidente caída en la venta del pescado fresco en las lonjas portuarias. El año pasado, la facturación se redujo 15 millones de euros –de 145 en 2015 a 130 millones–, como consecuencia de la menor cantidad de pescados, moluscos y crustáceos capturados –de 46,4 toneladas descendió a 38,5–. La flota sin embargo creció hasta los 1.232 buques (1.209 en 2015), según los datos publicados por la Consejería de Fomento y Vivienda, a quien corresponde la gestión de los 25 puertos de la comunidad. Su previsión es que este año «irá a peor» y los ingresos se mantendrán en caída.

Las paradas biológicas, con las que están «plenamente comprometidos», son solo una de las muchas variables que están mermando su actividad. «Las restricciones y los esfuerzos son siempre de los mismos, de los pescadores profesionales, y eso se ve reflejado en las ventas en lonja y en las rentas de cada marinero, cada vez más bajas», relata Manuel Fernández. «Deben hacer un estudio de la pesca deportiva porque las licencias que se dan en cada comunidad son escalofriantes. Tenemos que convivir ambos», recalca. Para lograrlo, considera fundamental promover una nueva regulación y que las prohibiciones afecten también a esta modalidad. «Habrá que regularlo más y tomarlo en cuenta al cuantificar las capturas, igual que nosotros las declaramos. A lo mejor todo lo que está ocurriendo no es por la mortalidad que causamos los profesionales. El sector ya ha hecho grandes esfuerzos», insiste.

La competencia desleal entre países constituye otro escollo. Fernández cita a Marruecos y el conflicto con el voraz como el más significativo: mientras que España tiene vetados los ejemplares de menos de 14 centímetros, al otro lado del Estrecho se pescan con total impunidad. Con la chirla en el Mediterráneo sucede algo similar. La parada biológica por falta de talla impuesta no rige para los pesqueros italianos, pese a estar dentro de Unión Europea. Fernández cita un estudio de descarte suscrito por investigadores de ese país que avalaría que entre 22 y 25 milímetros este molusco es viable. Enfrente se sitúa la tesis del Instituto Español de Oceanografía de Cádiz, defendiendo que la captura en ese tamaño reducirá la población actual un 70%. El resultado es que la UE permite a Italia su comercialización, mientras que España se mantiene amarrada durante siete meses. «Nos vamos a encontrar cuando salgamos en julio con muy poco marisco e Italia nos va a mandar grandes cantidades con menos talla, no vamos a poder sobrevivir», augura el presidente de los pescadores profesionales.

Tampoco están surtiendo efecto las acciones de las administraciones materializadas en forma de subvenciones económicas. No tanto por su cuantía como por las innumerables trabas para acceder a ellas. Fernández avanza el fracaso del plan de gestión para la pesquería de rastros o dragas mecanizadas, desarrollado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, aprobado el 1 de marzo –según el cual «las poblaciones de coquina, concha fina y corruco, se encuentran en una situación de buena salud»–. «Durante tres años nos tenemos que ajustar a unos números de toneladas anuales y a cambio se nos dará una ayuda por ese esfuerzo grande que supone. Sin embargo, el primer estudio que hemos hecho demuestra que los condicionantes de la Administración son tan grandes que de más de 150 embarcaciones, sólo los cumplen veinte. Eso no se puede llamar ayuda».

La Federación de Cofradías reconoce que en anteriores ciclos «nos hemos beneficiado y mucho de los fondos europeos, pero actualmente son inviables». Fernández considera imprescindible que los gobiernos estatal y autonómico aborden con prontitud esta cuestión, para atajar el terrible daño que está suponiendo la fuga de estas partidas finalistas.

Mirando a Europa, les preocupa también el próximo reparto del atún rojo. España dispondrá de 4.243 toneladas en 2017, lo que supone un aumento de 709 toneladas, un 20,08% más que en 2016, Según su presidente, «quien va a cumplir es España, los demás países tenemos serias dudas de que lo hagan». Cádiz está pendiente de esa asignación. «Ahora mismo hay formada una burbuja de personas necesitadas y reclaman que se cuente con ellos para el reparto. En su día se les excluyó por la escasez», explica Fernández, y avanza que ese mismo conflicto «va a pasar en Carboneras y Adra con el pez espada, donde han impuesto una reducción del 30%».