La Policía lo «ratifica»: hubo «irregularidades» en cursos de Faasa

Desmonta un informe aportado por la empresa pero ésta afirma que un fallo del TSJA «desvirtúa» las conclusiones de los investigadores y lo niega

Pidieron tiempo para presentar una auditoría externa y se lo concedieron. Faasa Aviación, una de las empresas investigadas en el proceso judicial en el que un juzgado sevillano intenta determinar si se produjeron irregularidades en la contratación de medios aéreos para el Plan Infoca, trasladó a la instructora, María de los Reyes Flores, un informe pericial sobre los cursos de formación subvencionados por la Junta entre 2005 y 2014. El trabajo fue realizado por la firma MAF Auditores y en él se concluye, entre otras cuestiones, que «los costes directos incurridos por Faasa» debido a la realización de las actividades formativas –una de Técnico de Mantenimiento de Aeronaves y otra de Piloto Comercial de Helicóptero– ascendieron a 7.038.774 euros, mientras las ayudas recibidas fueron «inferiores en 271.167 euros» a aquéllos. Se asevera, en la misma línea, que el «valor de mercado» de los cursos ahora bajo la lupa judicial fue «superior» a las subvenciones otorgadas «en 478.439 euros» o que «las retribuciones percibidas por el personal docente», interno y externo, se imputaron «adecuadamente por sus valores de coste, independientemente» de que se hubieran originado por «una relación laboral» o «mercantil». Sin embargo, un proceso judicial suele ser un mapa de conflictos y la Policía Judicial analizó ese documento de 34 páginas con anexo para ratificarse en algo: se han cometido «irregularidades» vinculadas a los fondos públicos.

En otro informe, consultado también por LA RAZÓN, los investigadores desmontan el anterior y advierten al juzgado de que «los datos que Faasa» facilitó a la entidad auditora «no beben de las mismas fuentes» usadas por ellos y que, estiman, son las adecuadas al tratarse de la documentación que la propia Faasa «aportó» a la Junta para demandar las ayudas. Se le avisa de que los auditores contratados no tuvieron en cuenta la información desde 2002 que fue utilizada por la Policía para «observar la tendencia al alza en cuanto al precio por hora de clases» y de que incluyeron «gastos que no venían reseñados en la documentación que obra en las actuaciones». Los agentes ponen el foco además en que en el informe externo se anotan cifras «en contadas ocasiones» y cuando se hace es para «corroborar» que «los gastos reales en las partidas concretas fueron inferiores a los presentados ante la Administración». Punto en el que la Policía reitera el ejemplo de los pagos por docencia, «sustancialmente» menores a «los justificados» en «todas las promociones». A juicio policial, «lo que parece vislumbrarse» en el trabajo de MAF Auditores es «la voluntad de demostrar» que los gastos de Faasa para poder impartir los cursos fueron «elevados», lo que «no se ha cuestionado en ningún momento». Para los investigadores, el argumento empleado por los encausados de «los cursos se han dado» o el de «los gastos de aviación» son voluminosos, no es «incompatible» ni «justifica» que «se hayan cometido las irregularidades detalladas hasta la saciedad durante la investigación» como «gastos imputados en conceptos falsos, facturación en cadena, documentación alterada», o incluso el que un teórico «responsable de calidad» figurara «en tres asientos como gastos de ‘material de oficina’». Esto último indica, según los agentes, que se intentó «a toda costa» que «el sueldo» de esa persona fuera «sufragado por la Administración». En definitiva, «el informe auditor se ha centrado principalmente en demostrar», se asevera en el policial, que «los gatos presentados por Faasa» ante el Gobierno autonómico se ajustaron a «los apartados que exigían las subvenciones», pero en él no se analiza cómo consiguió la entidad beneficiaria de las ayudas «justificar esos gastos». Y es ahí, asevera la Policía, «dónde se han detectado las irregularidades mencionadas». Y, con el fin de desenredar lo que se enredó, insiste en que se ratifica en «todo lo actuado», en «la línea de investigación seguida», en «las medidas limitativas de derechos o no que se han llevado a cabo» y en las conclusiones ya alcanzadas. Entre éstas se halla la existencia de «facturación en cadena» entre Faasa y otra empresa ligada a ella: Caena. En relación a la misma, los investigadores hacen notar que en el informe auditor se menciona que los cursos se impartían en «instalaciones independientes», pero no se alude a que éstas «son documentadas jurídicamente como ‘empresas sobre el papel’», en concreto Caena, «a fin de propiciar» la facturación enlazada.

Con todo, fuentes de Faasa apuntaron ayer que, en contra de lo sostenido por la Policía, que «confunde contratación de medios para el desarrollo de la actividad con subcontratación de la misma», una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) determina que es «plenamente lícito y admisible» el «gasto de alquiler de bienes de Caena». Se trata de un fallo en el que se estimó parcialmente un recurso interpuesto por Faasa contra la Junta, tras exigir ésta el reintegro de 765.762,12 euros, a lo que se sumó la negativa a abonar «el 25% de la subvención», fijado en «387.188,73 euros». Las mismas fuentes afirmaron que el TSJA rechazó «la mayor parte de los motivos» para lograr el reembolso del dinero esgrimidos por el Gobierno andaluz, que tendrá que pagar 188.056 euros más intereses, y que se repiten en otros recursos que están en trámite. Para Faasa, la sentencia tiene otro elemento significativo: «desvirtúa las conclusiones» de la Policía en el «caso Infoca» al «dar por buenas» las acciones de reintegro «ejercitadas» por el Ejecutivo regional en sus cálculos.