La UPO niega el uso del campus al acto pro independentista del SAT

El rector rechaza apoyar incluso de forma indirecta un referéndum «ilegal». La izquierda radical amenaza con acudir el martes sin permiso

El rector de la Universidad Pablo de Olavide, Vicente Guzmán, comunicó ayer la decisión de no ceder ningún espacio del campus para la actividad programada para el 26 de septiembre bajo el título «Andalucía por el derecho a decidir», organizada por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT).

A pesar de que los organizadores de este debate comunicaron su realización en el Paraninfo de la UPO y aunque «en principio no debería haber habido ningún obstáculo a la realización de dicha actividad al ser la universidad un espacio abierto de debate y crítica que debe acoger cualquier actividad siempre que sea respetuosa con el ordenamiento jurídico vigente, en este caso concreto y tras analizar detenidamente la petición efectuada», el rectorado decidió «no ceder el Paraninfo ni ningún otro espacio de nuestra universidad». Guzmán aclaró que «como responsable público debe cumplir con la obligación legal de poner en conocimiento de las autoridades la previsión de realización de la actividad y su decisión».

El Sindicato Andaluz de Trabajadores no tardó en responder y anunció que mantendrá el acto previsto para el martes. El portavoz nacional del SAT, Óscar Reina, lamentó que el rector haya «decidido ceder a las presiones de la Fiscalía». «Lo único que vamos a hacer es hablar de un referéndum; e incluso si el hecho del referéndum es considerado ilegal, nosotros sólo vamos a hablar, y ese acto jurídicamente no supone ninguna ilegalidad», añadió Reina, que aseguró que el Paraninfo había sido concedido, algo que el rector reduce a una mera «reserva» pendiente de autorización.

Sánchez Gordillo se une

El SAT prevé realizar la charla «al aire libre, junto a la cafetería» del campus. El alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, y la directora de cine Pilar Távora se suman al cartel de participantes del acto. El sindicato defiende que su «función» es «seguir defendiendo la democracia, pues somos activistas sociales. Una ley que no da capacidad para poder expresarse libremente es una ley injusta, será un honor desobedecerla».