Las plantillas de Guardia Civil y Policía han perdido 1.600 agentes

La cifra de efectivos destinados en Andalucía sufre una considerable bajada respecto a 2012 y se sitúa por debajo de los 25.000

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han disminuido fuertemente su presencia en Andalucía. La caída progresiva de efectivos –tanto por jubilaciones como por la falta de nuevas incorporaciones– ha situado la plantilla por debajo de los 25.000 agentes, según el último balance recogido por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. El boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones, actualizado a julio, arroja una diferencia de 1.592 agentes de ambos cuerpos entre 2012 y 2016. En esa tesitura, es inevitable que con el ex alcalde de Sevilla Juan Ignacio Zoido al frente del Ministerio del Interior, las miradas se dirijan a él para reclamar una reversión de la tendencia.

Precisamente en enero se incorporaron varios mandos intermedios a nuestra comunidad. Una dotación testimonial que no responde a las peticiones realizadas por los sindicatos policiales y por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). El portavoz de la Confederación Española de Policías (CEP) en Andalucía Occidental, Fernando Ramón Calderón, advierte de que «no se puede uno estar agarrando a los índices delincuenciales, aunque sean óptimos. Sabemos que estamos capacitados, pero si no hay policías que puedan estar en las calles, vendrán los problemas». El índice de criminalidad experimentó en 2016 una bajada del 1,5%, reduciéndose por quinto año consecutivo, según datos facilitados por la Delegación del Gobierno. La bajada en ese período suma un 18,4% menos de delitos. Sin embargo, preocupa el descenso de los agentes. En esos años comenzó a operar la limitación para cubrir solo el 10% de las bajas en el funcionariado. Esa medida se suavizó para los Cuerpos de Seguridad hasta alcanzar el 100% el año pasado. A esta circunstancia se une el hecho de que las plantillas no están completas, atendiendo a sus RPT. Así lo denuncia la CEP. Sus estimaciones, realizadas con datos obtenidos por sí mismos, cifran en un 20% la falta de agentes en Córdoba, donde se requieren entre 100 y 120 funcionarios más. En Sevilla, el déficit rondaría el 25%, acuciado por su singular situación: a la capitalidad, se une que hay seis comisarías de distrito, «derivando en complicaciones para sostener la seguridad pública. Los índices delincuenciales están sostenidos, pero debe haber un esfuerzo para reponer la carencia de efectivos», según Calderón. La comisaría del Polígono Sur, una vieja reivindicación, sigue siendo eso, pese a que el Gobierno ya señaló dónde se ubicará –en el límite del barrio y no en el corazón, como pedían los vecinos–.

«El problema es que si en la escuela de Ávila hay unos 1.300 funcionarios; dentro de otros dos años tendremos 1.615 nuevos agentes jubilados y que pasan a segunda actividad», detallan desde la CEP. Esto implicaría menos policías graduados que bajas. «Hay una línea roja que no se puede sobrepasar», remarca.

Su propuesta es que el Gobierno articule servicios extraordinarios para suplir esas carencias: «Si no hay funcionarios, tendrá que pagarlo y hacer frente». En Cádiz, Jerez, El Puerto y Algeciras la merma de agentes se sitúa también el el 20%; también aquí se da una circunstancia especial, al ser Al geciras la puerta de entrada desde Ceuta. Según el CEP, en Huelva debería asignarse un 15% más de agentes.

En 2015, la oferta pública de empleo (OPE) del Gobierno reflejaba 1.374 puestos de Policía Nacional convocados para toda España; para el ejercicio pasado, se elevó hasta los 2.740. El coste de esta convocatoria durante todo el proceso de formación es de 117 millones de euros, lo que arroja un desembolso medio de 42.700 euros, durante los dos cursos en los que se extiende su preparación. En cuanto a la Guardia Civil, se prevé la incorporación de 2.784 efectivos en todo el país, sumando las ofertas de ambos años. El aumento de las plazas se debe al fin de la limitación de la tasa de reposición por jubilaciones impuesta por el Gobierno, al tratarse de servicios esenciales. Sin embargo, las incorporaciones no serán inmediatas, ya que quienes superen las pruebas de acceso deberán completar al menos dos años en la academia antes de recibir su primer destino.

La nota positiva es que Andalucía registró en el último ejercicio la menor tasa de criminalidad en doce años: 39,6 infracciones penales por cada mil habitantes, 3,4 puntos inferior a España.