Las viviendas turísticas sin registrar igualan a las regularizadas

El fin de la Semana Santa llegó irremediablemente unido al balance de datos turísticos. Cada período vacacional que acaba hace volver la mirada hacia cifras que desde hace dos años marcan «récords históricos»: económicos, de visitantes y de pernoctaciones. El empleo, sin embargo, no ha despegado en un sector que apuntala la estacionalidad. Parte de esa explicación la encuentran los expertos en el auge de los apartamentos turísticos gestionados de forma clandestina. A punto de cumplirse un año de la entrada en vigor del decreto que regularizó su actividad, los avances son lentos.

En Andalucía, están asediando al sector hotelero: hay registradas 17.812 viviendas, que suponen en torno a 71.200 plazas –a una media de cuatro por estancia, según los cálculos oficiales–. Están a la espera de obtener su correspondiente número de registro otras cinco mil más, que sumarán 91.000 plazas. Por provincias, destaca Málaga, con 10.303 unidades inscritas, seguida de Cádiz (2.517), Sevilla (1.791), Granada (1.175), Almería (1.080), Huelva (352), Córdoba (239) y Jaén (23).

Pero aun queda por resolver el otro extremo, la oferta que permanece «oculta» y que equivaldría a las que han solicitado regularizarse, según la estimación de los expertos. Solo en la capital andaluza, la patronal de los hoteleros asegura que hay «unas 19.000 camas ilegales», que proliferan en períodos excepcionales, como la Feria de Abril que acaba de terminar. «Son muchas las viviendas que no están registradas, además de otras que no pueden hacerlo porque están realizando una práctica ilegal, alquilados que realquilan las casas sin permiso de los propietarios», señala Enrique Santos, profesor de la facultad de Turismo de la Universidad de Sevilla. El problema fundamental, en su opinión, reside en la escasa capacidad de la inspección turística de la Junta para atajar este tipo de irregularidades. Hay 40 inspectores para toda Andalucía, dándose el caso de que en Huelva, por ejemplo, hasta hace poco solamente contaban con uno para toda la provincia que debe atender hoteles, campings, hostales y apartamentos, con las dificultades que conlleva por el volumen y extensión de la comunidad. Para Santos, la colaboración de los portales web que publicitan estos alojamientos acabaría en parte con la problemática. La Consejería de Turismo y Deporte trata de avanzar en ese sentido para que no incluyan a ningún cliente sin número de registro. «Ése es el objetivo hacia el que se encaminan las negociaciones que estamos manteniendo. Hay buena predisposición por su parte y están informando a sus clientes de las diferentes normativas que rigen en cada comunidad autónoma», aseguran fuentes de la consejería.

La labor inspectora en los once primeros meses de vigencia del decreto de viviendas con fines turísticos se ha saldado con 3.338 acciones. De ellas, solo 30 han derivado en la apertura de un procedimiento sancionador. Málaga es la también la que más inspecciones ha soportado, 1.753; seguida de Sevilla, 651, y Granada, 324.

El profesor de la US alerta sobre las consecuencias aún no cuantificadas de la proliferación de un modelo que atenta contra la propia ciudad. Su apuesta es «limitar» la actividad para no caer en lo que denomina «banalización» de los centros históricos. «Están perdiendo su identidad hasta adquirir una imagen homogénea y perdiendo sus rasgos diferenciales. Acabarán pareciéndose todos», vaticina. Su preocupación no se refiere tanto a los monumentos, tan reconocibles en ciudades como Córdoba, Sevilla o Granada, como al paisaje urbano, donde el impacto de las grandes franquicias de hostelería es palpable. «Está llevando a la desaparición de los comercios tradicionales, pequeños y con encanto, que no pueden competir con los mayores alquileres que ofrecen esas franquicias», lamenta Santos.

Las estancias cortas provocan además la expulsión de los residentes de las zonas más rentables para el alquiler temporal. El estudio de Exceltur «Alojamiento turístico en viviendas de alquiler», de 2015, ya advertía de este fenómeno en determinados barrios de grandes ciudades como Barcelona, Madrid o Sevilla, con más de 16.000 cada año, y subiendo. Los beneficios llegan a ser un 40% más altos de media y más del doble en Barcelona, la más asediada. Ante esta perspectiva, Santos lanza una cuestión que choca con los ansiados récords turísticos que celebran administraciones y empresarios: «¿Merece la pena ese volumen de turistas que tan poco dejan a la ciudad?».