«Luz verde» a otro recurso ante el TC sin escuchar el dictamen del Consultivo

La Junta autorizó ayer, tras la reunión del Consejo de Gobierno, la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Parques Nacionales. Se trata del número 17 desde que Rajoy llegó a la Moncloa en noviembre de 2011, incluyendo recursos y conflictos de competencias. La anomalía es que el Ejecutivo andaluz inicia el camino hacia el Tribunal Constitucional sin el dictamen previo del Consejo Consultivo.

La Ley de Parques Nacionales la aprobó el Gobierno central el pasado 20 de noviembre y se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el jueves 4 de diciembre. La normativa establece un periodo de tres meses desde la publicación en el BOE para la interposición del recurso. Sin embargo, la Junta amplió los plazos al entablar en febrero una negociación bilateral para llegar a un acuerdo. En este caso a los tres meses iniciales le pueden seguir otros seis meses.

La Junta evitó la interposición del recurso en vísperas de las pasadas elecciones autonómicas, pero el tiempo ha seguido corriendo sin que ambas partes hayan acercado posturas. Hoy se produce una nueva reunión Junta-Gobierno, 48 horas antes de que expire el plazo total de nueve meses desde la publicación en el BOE de la norma, pero la Junta tiene ya decidido acudir al Alto Tribunal. Una vez más, en cuatro años de elevada confrontación entre las administraciones autonómica y central.

Entiende la Junta que la Ley 30/2014 de Parques Nacionales «vulnera en 23 de sus preceptos las competencias autonómicas sobre la materia». Los artículos que serán recurridos –argumenta el Ejecutivo de Susana Díaz– «impiden el desarrollo legislativo de la comunidad autónoma sobre la gestión de los parques, le limitan la posibilidad de establecer niveles de protección más altos y afectan a otras competencias sectoriales exclusivas de la Junta, como las de urbanismo».

El portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, aseguró tras la reunión del Consejo de Gobierno que «algunos de los artículos suponen abrir la puerta a la especulación y a actividades que han estado prohibidas hasta ahora en estos territorios».

Llama la atención, en cualquier caso, un pronunciamiento tan contundente del Ejecutivo andaluz cuando el máximo órgano consultivo que puede pronunciarse sobre la materia, no lo ha hecho. Y no lo ha hecho porque la Junta no le ha pedido que evacúe un dictamen que suele ser en otros casos, como apunta el sentido común, previo a la interposición del recurso.

La Junta está en su derecho a acudir al Constitucional sin el informe del Consultivo, pero al invertirse el orden de los pasos se puede dar la circunstancia de que este órgano corrija «a posteriori» el planteamiento de inconstitucionalidad de la Administración.

No sería la primera vez de hecho que el Consultivo discrepa sensiblemente respecto a la propuesta de inconstitucionalidad de la Junta. Ocurrió, por ejemplo, con La Ley Orgánica de Educación (Lomce). El Consejo Consultivo sólo apreció visos de inconstitucionalidad en 9 de los 23 preceptos jurídicos que pretendía tumbar la Junta.