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Maeztu investiga la exclusión de docentes de las oposiciones

El Defensor quiere saber si se produjo por deficiencias técnicas o por un error imputable «involuntariamente» a los participantes

  • El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu
    El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu
La Razón.  Sevilla.

Tiempo de lectura 4 min.

01 de octubre de 2017. 21:37h

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La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha abierto una queja de oficio dirigida a la Consejería de Educación para «esclarecer» los hechos que motivaron la «exclusión» de docentes del proceso de oposiciones de Educación Primaria y para profesores de música y artes escénicas por no finalizar correctamente la teletramitación de su solicitud, a pesar de que incluso abonaron el derecho de examen. Según el texto de la queja, Maeztu quiere conocer si esta actuación «fue o no por error informático, deficiencias técnicas o error imputable involuntariamente a los participantes». Además, quiere saber las medidas que se pudieran adoptar para evitar la exclusión de los mismos de la bolsa y que Educación informe del número de afectados por esta exclusión, así como del número de participantes que hicieron uso de la inscripción por medios telemáticos y su porcentaje respecto al número total de personas que concurrieron a la convocatoria. Asimismo, solicita cualquier otra información que pueda clarificar «la posible situación de inseguridad en los usuarios de este sistema».

En los escritos de quejas presentados, que inicialmente no pudieron ser admitidos, el Defensor explica que sugirió a los afectados la necesidad de trasladar las alegaciones oportunas a la Consejería de Educación, por encontrarse en plazo, y corresponder a dicho departamento la resolución de las mismas, de conformidad con las bases reguladoras del proceso selectivo.

Pero, apunta la institución, «por los datos que estamos recibiendo, finalmente, un número importante de candidatos que expresaron su voluntad de participar en el proceso no han podido comparecer a los ejercicios por ser excluidos definitivamente, al no constar inscrita la solicitud de participación en el mismo».

Así, manifiesta que, al margen del «perjuicio» que podría haberles causado el hecho de no poder participar en los ejercicios, «si los hechos denunciados se confirmaran, otro perjuicio añadido que se podría producir sería el relativo a que no podrían permanecer en la bolsa, donde se encontraban inscritos y prestando servicios –en una gran mayoría de los casos– como funcionarios interinos en el cuerpo de maestros desde hace años».

Además, añade que una representación de afectados mantuvo una reunión el pasado 11 de julio con la viceconsejería de Educación y, según las personas afectadas, en esta reunión la Administración confirmó que los candidatos «habían cometido una irregularidad. No habían presentado en tiempo y forma su solicitud de aspirantes a las oposiciones y por tanto la normativa era muy clara. No podían presentarse a las oposiciones y además eran excluidos de las listas de interinos».

Este asunto motivó las críticas del PP, que exigió una «solución» para los aspirantes. «Este problema no son números, sino maestros que han sido excluidos del procedimiento selectivo pese al esfuerzo realizado y, además, se les expulsa de la bolsa como consecuencia de una inscripción que les indujo a error», denunció la popular Marifrán Carazo.

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