Marinaleda se vende con urgencia en Venezuela

Un comercial de la cooperativa de productos agrícolas trabaja «in situ» para que se cumplan los contratos comprometidos por «orden de Maduro»

Hasta la utopía necesita oxígeno y la de Marinaleda (Sevilla) lo busca en Venezuela. La cooperativa Humar, «nacida de las luchas jornaleras», según se resalta en la atípica página web del «proyecto colectivo», es el motor económico del municipio regido por Juan Manuel Sánchez Gordillo desde 1979, gracias a la venta de productos hortofrutícolas como las alcachofas, las habas, los pimientos o el aceite de oliva. Su origen está ligado a estampas de campesinos caminando entre los sembrados hasta el cortijo El Humoso para exigir la expropiación de esas tierras, entonces propiedad del Duque del Infantado y ahora de la Junta de Andalucía. De ahí surgieron ocho cooperativas agrarias que evolucionaron hasta la actual de segundo grado.

«Sepa usted que consumiendo nuestros productos colabora con un gran sueño colectivo», se asevera en el mencionado sitio de internet. Un sueño que busca comprador con cierta urgencia en un país latinoamericano que se encuentra a las puertas de unas elecciones que se celebrarán mañana en las que podría ganar la oposición a Nicolás Maduro, según los sondeos, una circunstancia inusual en los 17 años del Gobierno bolivariano.

En ese incierto escenario, José Antonio Núñez Montegordo, «un comercial que trabaja, entre otros clientes, para la cooperativa» de Marinaleda, según confirmó a LA RAZÓN Sánchez Gordillo, lleva semanas de negociaciones. Fuentes municipales aseguran que el Ejecutivo de Maduro «aprobó en abril un contrato por el que iba a comprar cada mes miles de botellas» del aceite «made in» Marinaleda, dicen, «por encima del precio de mercado». El alcalde ni confirma ni desmiente, pero en el perfil de la red social Facebook de Núñez Montegordo se puede seguir el rastro de los pasos dados por éste para alimentar «in situ» esas relaciones y colocar los productos agrícolas andaluces. De hecho, ha documentado con fotos en su muro reuniones con diversas autoridades venezolanas. En concreto el pasado 6 de noviembre escribió literalmente: «Hoy en la asamblea nacional en el debate los presupuestos 2016 de Venezuela. El diputado Braulio de agricultura ha hecho mención a Sánchez Gordillo y a las cooperativas de Marinaleda y ha exigido que se haga ya efectivo el contrato con Marinaleda que no se demore ni un día más». «Luego me he reunido –añadió– con presidencia y cancillería donde se han comprometido en la próxima semana a resolver la orden que dio su presidente Nicolás Maduro, esperemos que sea cierto y la definitiva». Texto que acompañó con cuatro fotos de estos encuentros. Previamente, el 15 de octubre, había reseñado: «Reunión con la dirección banco de Venezuela con compromiso firme de liberar las divisas de los contratos». También quiso dejar constancia en la misma red social de que el 7 de octubre tuvo una cita «con el gobernador de Mérida», una «excelente persona» que, a tenor de lo explicado por el comercial, colabora con él «para agilizar el contrato de las cooperativas». E incluso antes, el 1 de octubre, relataba a sus seguidores que le «tocaba» entrevista con «la alcaldía de la Colonia Tobar» y con «los niños del colegio». «Hemos llegado a un principio de acuerdo de mandar productos de nuestras cooperativas a hoteles y restaurantes de la colonia Alemana de Tobar. Seguimos trabajando», quiso dejar sentado.

Las diversas fuentes consultadas por este periódico apuntan que existe «cierta urgencia» en ejecutar los teóricos compromisos alcanzados con los afines a Maduro. Prisas no sólo atribuibles a la situación política que vive Venezuela, sino además a la económica que desgasta a los vecinos de Marinaleda, donde según fuentes locales que prefiere que no se las identifique, «hay meses en los que los trabajadores están teniendo problemas para cobrar sus salarios». El agente comercial en misión en el terreno para lograrlo fue alcalde de otra localidad sevillana por IU-CA: El Coronil. Es más, pesa sobre él una pena ligada a ese puesto.

Violación de derechos cívicos

En 2013, el juzgado de lo Penal número 4 de Sevilla condenó a Núñez Montegordo a un año de inhabilitación especial para el cargo público de alcalde o de concejal al considerarlo culpable de un delito contra los derechos cívicos asociado a la ausencia de plenos ordinarios durante el mandato que discurrió entre 2003 y 2007, en el que estuvo a las riendas del Ayuntamiento de El Coronil. Los socialistas, entonces principal fuerza de la oposición en la localidad, llevaron a la Fiscalía que ese periodo se saldó con la celebración de cuatro plenos ordinarios, cuando lo legal hubiera sido llevar a cabo 24 sesiones. A partir de ahí, el Ministerio Público promovió su propia denuncia que derivó en la apertura de diligencias y al final en juicio oral y en fallo negativo.

Ahora ese ex alcalde busca auxilio para la cooperativa del pueblo de Sánchez Gordillo, un auxilio que podría venir de un país en el que la oposición al oficialismo lo reclama para él. Paradojas de la revolución.