Más de 40 millones de deuda «en fase de requerimiento de datos» desde 2012

La Junta ha pasado de las «exoneraciones masivas» a «solicitar documentos que no se han pedido jamás», según las academias de formación, ante el estallido del fraude que investigan la Justicia y una comisión parlamentaria

Hay facturas pendientes de hace una década. La Junta de Andalucía ha pasado de las «exoneraciones masivas», según los informes policiales, a la apertura indiscriminada de expedientes de reintegro y la petición de documentación. La paralización de los cursos de formación, como respuesta al caso del fraude en los fondos de formación, investigado por varios instancias judiciales y con una comisión parlamentaria abierta, ha dejado sin posibilidad de reciclaje laboral a más de medio millón de desempleados –del alrededor de millón existente en la comunidad– y asfixia a las academias, que, a título particular, han recurrido a los tribunales para exigir que se liquide la deuda.

De la «exoneraciones masivas», que investiga la Justicia, se ha pasado a «los requerimientos de documentos que jamás se han pedido» con «el fin de dilatar los plazos para no tener que pagar por imperativo legal», informaron a LA RAZÓN fuentes de la Asociación de Entidades de Formación y Empleo (Cecap), la patronal de la formación en Andalucía. La cantidad pendiente de abono supera los 40 millones desde hace ya cuatro años, coincidiendo con el estallido del caso y la petición de reembolsos a las empresas de formación por parte de la Administración autonómica, en base, según la Junta, a los criterios de la Intervención. La paralización de la formación en la comunidad con la tasa de paro más alta de la Unión Europea se tomó por cautela como medida sanitaria tras el estallido previo del «caso ERE».

Numerosas empresas asociadas a Cecap han reclamado en los tribunales a la Junta de Andalucía las deudas que mantiene con el sector de los centros privados de formación. Las acciones ante la Justicia por parte de los empresarios «se fundamentan en el informe encargado» por la propia Cecap al bufete Gómez Acebo & Pombo. Cecap habla de una «situación desesperada», con empresas que han cerrado y otras al borde del cierre y el colapso.

La deuda con los empresarios de formación, sólo en el caso de la provincia de Sevilla, supera los ocho millones, correspondientes a más de 200 expedientes. Esta cifra se multiplica por tres «si se incorporan los centros de formación privados no asociados» a Cecap.

Muchos de los pagos pendientes pertenecen a expedientes de los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. Alrededor de un millar de puestos de trabajo peligran. En el conjunto de la comunidad autónoma según Cecap, las cifras se multiplican por cuatro: 40 millones de deuda y 10.000 empleados al borde del abismo, con 2.000 empresas afectadas.

La paralización de los pagos pone en peligro «tanto la supervivencia las empresas del sector y la continuidad de los puestos de trabajo de sus plantillas como la impartición de la formación que han de recibir los desempleados y los trabajadores en activo, que son los otros grandes perjudicados en estas graves circunstancias provocadas por la Administración pública», informó Cecap, entidad integrada por entidades privadas dedicadas a la formación. La entidad representa más del 60% de las empresas del sector en el país. El damnificado indirecto de esta situación es el desempleado, que «no tiene posibilidad de acceso a formación para una recualificación», subrayó Cecap.

Según la patronal de la formación en Andalucía, Cecap, desde 2011, 30.000 docentes no han podido impartir los cursos y también se han dejado de contratar a 7.000 gestores. La consecuencia inmediata de la paralización de los cursos ha sido la desaparición del 30% de las empresas del sector en la comunidad.

La región con más paro de Europa ha dejado de invertir en los últimos cuatro años más de 1.000 millones en formación, a pesar de los fondos recibidos, unos 200 millones, y no ejecutados. En 2013 –ejercicio liquidado– el Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE) repartió más de 1.300 millones entre las comunidades para políticas activas de empleo. Andalucía recibió casi 300 millones. Al quedar sin justificar el 76% de los fondos, perdió 227 millones. La Junta de Andalucía sólo aprovechó 37,4 millones. En 2014, Empleo distribuyó más de 1.200 millones, de los que 271 se destinaron a Andalucía sin que, de nuevo, se programasen cursos de formación.

La Administración andaluza achaca a las investigaciones abiertas la parálisis en los cursos, con el compromiso de reactivarlos este año. Los Presupuestos tienen consignados más de 200 millones para ello. En abril de 2014, se destapó el que puede ser el mayor fraude de la historia de la comunidad –por encima de los ERE–. La «operación Edu» destapó una red de empresas y empresarios ligados al entorno socialista –el ex consejero Ángel Ojeda se considera la punta del icerberg– que recibían ayudas para cursos que no se realizaban o no se cumplían al 100%. Sin ir más lejos, recientemente dimitió el hasta ahora alcalde de Punta Umbría (Huelva), Gonzalo Rodríguez Nevado, por el escándalo en los fondos de formación. La jueza Alaya cifró en 950 millones las subvenciones para formación otorgadas desde 2008 sin justificar en base a exoneraciones masivas. Tres ex consejeros de Empleo están imputados en la causa: Antonio Fernández, Antonio Ávila y Manuel Recio.