Más de 5.000 familias han ocupado una vivienda para buscar «un techo en el que cobijarse» en Andalucía

Son para algunos el etcétera de la sociedad y para otros la prueba de un cierto fracaso de la misma. La crisis de los últimos años ha expulsado del sistema a familias que vivían de forma normalizada pero que el ciclón económico las dejó sin casa y las obligó a ocupar. Desde el Grupo de Marginación y Vivienda de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) Sevilla explican que un estado de «emergencia habitacional, con su secuela de desempleo, carencia de ayudas sociales e ingresos significativos», las ha llevado a «resolver su alojamiento y subsistencia mediante la ocupación de pisos vacíos, para no caer en el hacinamiento, la infravivienda» o a permanecer directamente en la calle. Se trata de familias que eran en su mayoría de clase media, obrera, o dependientes de ayudas sociales recortadas, según la Apdha. «Como tales –exponen desde la misma– son vecinos descreídos del sistema, pasivos, sin organizar» y, «como generalmente no son votantes habituales, tampoco son un nicho atractivo a considerar por los partidos», arrojan. No se sabe con exactitud cuántas familias son, no hay «datos precisos» sobre ellas, ya que, según apunta Óscar Mitillo, uno de los portavoces de la asociación, «los distintos gobiernos se han cuidado mucho de no acometer ningún estudio serio, a sabiendas de que sus resultados con miles de familias en Andalucía sin vivienda legal les sacaría los colores a las propias administraciones públicas y a la sociedad» en general. Con todo, la Apdha estima, en base a la gente que les llega a los grupos con los que cuentan, que el flagelo de la ocupación podría alcanzar en la comunidad a «entre 5.000 y 10.000 familias». En ese contexto, Mitillo critica que los medios pongan el foco en «los minoritarios y detestables fenómenos de las mafias organizadas que ocupan y negocian con viviendas», en las ocupaciones de edificaciones «con sus moradores ausentes» o en las ligadas a «venta de drogas u otros usos ilícitos», frente a «la realidad absolutamente mayoritaria de miles de familias que sólo buscan un techo donde cobijarse». Pide a las administraciones que «actúen sin más dilación» ante esta injusticia.