Crisis económica

Más de un millón de andaluces son pobres y 3,6 millones están en riesgo de exclusión

Casi el 13% de la comunidad vive con menos de 332 euros al mes y 700.000 menores padecen carencias.

Al actual ritmo, antes de 2024 más de la mitad de la comunidad andaluza estará en riesgo de pobreza y exclusión social, cerca de 4,2 millones de personas.
Al actual ritmo, antes de 2024 más de la mitad de la comunidad andaluza estará en riesgo de pobreza y exclusión social, cerca de 4,2 millones de personas.larazon

Casi el 13% de la comunidad vive con menos de 332 euros al mes y 700.000 menores padecen carencias.

Dicen que lo peor de la crisis ha quedado atrás, que se ha alcanzado un crecimiento sostenido e, incluso, y en concreto en Andalucía, se habla de «otra forma de hacer política sin dejar a nadie en el camino». «Una salida justa a la crisis», dicen. Los datos ofrecidos por la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social (EAPN-A), en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza que se celebra el lunes, sostienen, en contra de la «verdad oficial» de las instituciones «y los propios ciudadanos que no ven o no quieren ver que son pobres», que más de un millón de andaluces se encuentran en situación de pobreza extrema y viven con menos de 332 euros al mes. El 43,2% de las personas en la comunidad está en riesgo de exclusión social, es decir, 3.620.684 personas, equivalente a la población de Lituania y Luxemburgo juntas. Lejos de reducirse, la tasa de pobreza ha aumentado en un año cerca de un punto. A este ritmo, antes de 2024 más de la mitad de la comunidad estará en riesgo de pobreza y exclusión social, cerca de 4,2 millones.

El 12,8% de la población de la comunidad –1.075.000 andaluces– se halla en la pobreza extrema. «Las cifras siguen en aumento», explicaron el presidente de la EAPN-A, Manuel Sánchez Montero, y la vicepresidenta, Manuela García. Más de cuatro de cada diez personas en Andalucía viven en el círculo de la pobreza (3.620.684 personas), aumentando cerca de un punto (0,9) con respecto a los datos de 2014, según el Índice Arope. Sumando ambos porcentajes (12,8% más 43,2%), se llega a la conclusión de que el 56% de la población andaluza es pobre o muy pobre. «A este ritmo de crecimiento, más de la mitad de la comunidad se encontrará en riesgo de pobreza y exclusión social en menos de ocho años», indicó Manuel Sánchez Montero. «Andalucía ocupa el puesto que nadie quiere: la primera comunidad, con el índice más alto de pobreza, seguida de Ceuta (41,7%) y Murcia (38,8%); la tasa nacional se sitúa en un 28,6%», recalcó. El 8% de los andaluces padece carencia material severa, un punto y medio menos que en 2014 (9,5%). La situación de las familias se refleja en los datos más sensibles: el 24,9% de la población se encuentra en hogares con baja intensidad de empleo, el 55,1% de los andaluces no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos, el 13,3% ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda; y el 12,2% no puede permitirse mantener su casa a una temperatura adecuada. La situación es más grave en la población infantil andaluza: pese a descender tres puntos con respecto al año anterior, aún se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social el 48,1% de la población menor de 18 años, unos 700.000 menores, una población similar a la de Sevilla. «Somos conscientes de que la Administración está esforzándose con el objetivo de reducir estas cifras, pero también de que es necesario mayor compromiso e inversión», apuntó Sánchez Montero.

En gran parte de las comunidades el aumento del PIB ha supuesto una disminución de la pobreza. En Andalucía no ha sido el caso. La riqueza crece y la pobreza también. La relación existente entre el crecimiento económico y la reducción de la pobreza se ve afectada por la redistribución económica y también por otras variables como el papel de las políticas e intervenciones públicas en Servicios Sociales, Educación y Vivienda, entre otros, explicó la EAPN-A, que reclama la inversión del «5% del presupuesto» para la erradicación real de la pobreza con un «plan de choque». En Extremadura, el año pasado con guarismos cercanos a Andalucía, con una apuesta «política», la pobreza cayó un 4,6%.

«No hay niños ricos en familias pobres», acertó a definir Sánchez Montero, a la hora de abordar las políticas de la Administración. Garantizar la comida en los colegios «está bien», pero sería más productivo destinar esos fondos, por ejemplo, «a la renta básica» –que no tiene copyright de Podemos o IU sino que aparece recogida en el Estatuto– y que sean los padres los que puedan dar de comer a sus hijos en sus casas, evitando la malnutrición, por un lado, y, por otro, la estigmatización. Manuela García señaló que «todos estos datos suponen una repercusión importante en la vida de muchos andaluces, sus sentimientos, su salud física y mental, y la igualdad de oportunidades para acceder a la cultura, el ocio o el deporte, que condicionan el presente y el futuro de todas las personas». García hizo hincapié en que «la pobreza del siglo XXI no puede medirse como la del siglo XX o XIX». No se trata únicamente –que también– de comer a diario. Se es pobre también –aunque, reiteró la EAPN, muchas veces no se tiene conciencia– cuando no se puede ir al cine por falta de dinero, cuando no se puede cambiar de coche pasados 10 años, no se tiene un ordenador con internet o no se puede celebrar una comida al mes con la familia. También cuando se pasa frío en invierno y calor en verano por la factura eléctrica. «Ya hay estudios que demuestran que un menor que ha sufrido pobreza hasta los 9 años, a los 13 presenta problemas de salud mental», señaló García. La «pobreza emocional» del niño «que no sabe qué pasa», que no comprende por qué su compañero puede estrenar zapatos y los suyos están rotos o que cuando llega su cumpleaños no tiene una tarta sobre la que soplar las velas. Sólo el 26% de la población percibe la situación de pobreza, cuando la tasa de pobres es del 43,2%. Es decir, «hay quien no sabe o no quiere saber que es pobre». EAPN-A solicitó «más compromiso político», «que entren las personas en los presupuestos» para combatir el fallo «en la redistribución de la riqueza». «Ser más ricos como comunidad no significa que la gente lo sea», incidió Sánchez Montero. «Hay pobres con trabajo» por la precariedad, señalando el ejemplo de «las camareras de piso que cobran 2,5 euros por habitación en hoteles con grandes beneficios» y «la Administración no debería permitirlo».