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¿Más desempleados becados o doblemente perjudicados?

La Junta pretende ampliar la ayudas a los desempleados que realicen acciones formativas pese a que mantiene atrasos en los abonos de hasta seis años

  • El nuevo conejero de Empleo, Javier Carnero, en los pasillos del Parlamento
    El nuevo conejero de Empleo, Javier Carnero, en los pasillos del Parlamento / Manuel Olmedo
P. García.  Sevilla.

Tiempo de lectura 4 min.

16 de septiembre de 2017. 21:18h

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P. García.  Sevilla. 17/9/2017

La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio va a modificar la normativa que regula la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía con el objetivo de ampliar como potenciales beneficiarios de becas y ayudas a las personas desempleadas que realicen acciones formativas en centros propios o adscritos a la consejería o sus entidades instrumentales, además de las que ya podían ser beneficiarias al realizar acciones formativas en centros o entidades subvencionados. La medida no está exenta de controversia habida cuenta del retraso en los abonos que sufren muchos solicitantes, en algunos casos de hasta seis largos años, sin que la Junta sea capaz de determinar la cantidad adeudada ni siquiera la correspondiente a los cursos más antiguos.

Manuel Jesús García Martín, director general de Formación Profesional para el Empleo, responde a la solicitud de información sobre estos atrasos que «a día de la fecha –13 de septiembre– se prosiguen sustanciando los correspondientes procedimientos administrativos ante las delegaciones territoriales de esta consejería, por lo que no es posible conocer la información solicitada, que se encuentra en curso de elaboración». La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno no admite las solicitudes que se refieran a este tipo de información.

La situación incluso ha generado la creación de una plataforma de afectados por los retrasos en la ayudas. Sus miembros denuncian que la mayoría de solicitantes «ni siquiera recibe una notificación, siendo el supuesto plazo de resolución de tres meses». La Administración cuenta a su favor en el procedimiento con el silencio administrativo desestimativo, es decir, si no resuelve la petición del administrado, su abstención o silencio equivale por mandato de la ley a una denegación o negativa. La respuesta que muchos de los perjudicados reciben en las delegaciones es que la falta de partida presupuestaria paraliza los expedientes sine die.

En la memoria económica del borrador de la orden que se pretende modificar se especifica que «entraña una gran dificultad conocer con antelación el número de posibles personas beneficiarias, por sus modalidades y por los tipos de ayudas subvencionables (transporte, manutención, alojamiento...) y posibles becas a conceder en el caso de personas con discapacidad, por lo que no resulta factible cuantificar su importe». No obstante, se fija un crédito «inicial» de 10 millones de euros, partida vinculada a la partida presupuestaria 483.15 «A familias e instituciones sin fines de lucro, Becas y Ayudas a desempleados», dentro del capítulo IV correspondiente a «Transferencias corrientes». En ejercicios presupuestarios anteriores este tipo de crédito se situaba en el capítulo VII.

Esta medida tendría que favorecer que los órganos competentes de la tramitación de estas ayudas, las delegaciones territoriales, agilizaran los trámites.

Llama la atención que en el anexo de la memoria económica se cuantifique la cantidad presupuestada para los tres próximos años, con una sustancial rebaja respecto a la fijada para 2017: 4 millones en 2018, 6 en 2019 y otros 6 millones para 2020, sumando un total de 26 millones de euros para ayudas y becas a desempleados que realicen cursos formativos.

El Gobierno de Susana Díaz anunció en junio pasado por enésima vez que los cursos de formación para desempleados se retomarían en el mes actual de septiembre, tras cinco años en blanco como consecuencia de la orden de paralización dada por la propia presidenta, a raíz de las irregularidades detectadas en la ejecución de los mismos. Javier Carnero, consejero de Empleo, anunció una dotación de 65 millones de euros y la aplicación de un máximo rigor administrativo. La última convocatoria de subvenciones se realizó en 2011. La Junta inició una revisión de los expedientes desde 2007 y de forma paralela se inició una investigación judicial. Las empresas condenadas o que no hayan abonado el reintegro por una mala gestión anterior no podrán acceder a la nuevas subvenciones.

Recientememte, la Confederación de Empresas de Formación en Andalucía (Cecap-A) lamentó los incumplimientos por parte de la Administración andaluza a la hora de poner en marcha los cursos y los problemas económicos que ello acarrea en las academias privadas.

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